A los vecinos de Dorrego 663 todavía les queda en la memoria la imagen de la Beti, así la conocían, un año y medio después de que la mujer –por entonces de 64 años– abandonara la vivienda de un modo crítico, aunque no inesperado: en una ambulancia del SAME y escoltada por un patrullero de la 29ª. Ese día, 20 de mayo de 2005, una vecina llamó a la policía después de escuchar sus gritos. Los uniformados debieron apelar a un cerrajero para ingresar al 3º F donde vivía la Beti. Pero nada de esto resultó inesperado porque no fue la primera vez que los vecinos denunciaban al Rolo Vicenti, único hijo de la Beti, por abandonar a su madre en el peor de los estados. La Beti fue internada en el Tornú, donde al ingresar le diagnosticaron cáncer, diabetes, presión arterial, deterioro cognitivo e infección urinaria. El 19 de noviembre de ese año, Elsa Beatriz Castellano, Beti, falleció en el Tornú. La Justicia detuvo a Rolando Vicenti, y ahora la Sala 7 de la Cámara Correccional confirmó su prisión preventiva y lo mandó a juicio oral acusado de abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo.

El edificio es de planta baja y tres pisos, con frente de ladrillos y piedra, y seis departamentos por piso. En el tercero, al fondo, está el F, un ambiente, donde vivía Elsa Castellano. “Pobre Beti –dijo Claudia, una de las vecinas que la ayudaba a soportar el abandono–. Vivía en un ambiente con un perro, un montón de gatos, y durante muchos años también con el hijo, y una mugre difícil de soportar. Cuando pasábamos por ahí teníamos que taparnos la nariz porque se sentía un olor horrible, nadie limpiaba nunca. Se los escuchaba pelear a los gritos y así nos enterábamos de que él se quedaba con la jubilación y no le pasaba ni un peso, ni la ayudaba a pagar la hipoteca del departamento.”

Cada dos por tres, Beti se caía y estallaba en gritos, hasta que Claudia y algún otro vecino del edificio acudían a ayudarla. “Estaba muy enferma”, agregó la vecina. “Varias veces llamamos a la policía, que iba a buscar al hijo y lo traía. Los policías le decían: ‘Dale de comer a tu vieja’. Pero él nunca le daba. Nosotros, con mi marido, y otra vecina, le llevábamos algo de comida y la ayudábamos. Pobre Beti.”

Ese 20 de mayo fue la última vez que los vecinos vieron a la mujer. Trasladada al Tornú, y con intervención policial, se inició una causa penal por abandono de persona en el Juzgado de Instrucción Nº 37. Los uniformados labraron un acta que consta en el expediente, donde describieron el estado calamitoso en que vivía la mujer, con los servicios cortados por falta de pago, con gatos y un perro también muerto de hambre. Los médicos forenses además realizaron un informe en el que detallaban que Castellano no había recibido previo a la internación la medicación indicada para la diabetes que padecía y que las patologías diagnosticadas al momento del ingreso al hospital podían provocarle la muerte.

Mientras su madre permanecía internada, el Rolo se presentó ante el juez a cargo de la causa para informar que una vez que le dieran el alta la internaría en un geriátrico. Incluso dio los datos correspondientes al juzgado. Aunque, según consta en el expediente, el geriátrico negó que existiera ningún pedido de su parte. En cambio, pocos días después de la intervención policial, el 3 de junio de 2005, el Rolo Vicenti pasó a visitar a su madre al Tornú y ahí mismo intentó sacarle la firma a su madre para habilitarle la escritura del departamento.

Los camaristas de la Sala 7, Juan Cicciaro y Abel Peró, consideraron que el Rolo, “pese a ser el único hijo de la víctima y al notorio estado físico de deterioro de Castellano, debido a las enfermedades que padecía, la habría abandonado a su suerte, lo que incrementó las propias dolencias y provocó otros graves daños a su salud”. El 19 de noviembre de ese año, la Beti murió y la causa pasó a ser abandono agravado seguido de muerte. Tras la orden de detención, el Rolo se declaró inocente. Ahora, la Cámara ratificó el procesamiento y la preventiva porque tuvo la posibilidad de evitar la muerte de la Beti “porque vivía en la ciudad y cobraba la jubilación de su madre”. Al Rolo lo acusan de un delito con una pena que va de 5 a 15 años más el agravante por ser hijo, que lo puede llevar a 20 años de prisión, pero atendido por expertos.