Si faltaba algo para que Santiago del Estero se despegara de la rutina de su siesta fue el cimbronazo que provocó la noticia: los guardias de la Cárcel de Varones se habían acuartelado, junto con médicos, psicólogos y paramédicos, todos empleados del Servicio Penitenciario provincial. El motín oficial, para llamarlo de algún modo, tuvo lugar mientras el gobernador Gerardo Zamora firmaba un convenio con el ministro de Justicia nacional, Alberto Iribarne, pero no en Santiago sino en Buenos Aires. Nadie del lado oficial reconoció la existencia de ningún acuartelamiento, pese a que el penal, donde murieron 34 reclusos, fue nuevamente invadido por fuerzas especiales y policiales durante la mañana. La lectura de los hechos, desde Santiago, podía bucearse por el lado de la reacción hacia la imposición de los federales que desplazaron a la cabeza penitenciaria provincial –a la que se hizo responsable por la tragedia–, el martes, mediante un decreto del gobernador Zamora. Otra versión con suficiente razonabilidad pisaba fuerte: “Les sacaron la cobertura, descabezaron al jefe penitenciario, pero el poder político quedó indemne –describió un ex funcionario de la intervención–. Tienen miedo de pagar los platos rotos”. A las 18, desde el Mercado del Abasto santiagueño, los familiares de los únicos que pagaron los platos rotos iniciaron una marcha en reclamo de justicia.

Zamora estaba en Buenos Aires cuando se desató el acuartelamiento. Estaba con Iribarne firmando un convenio que, en pocas palabras, vendrá a dar forma al envío previo de especialistas en situaciones de crisis. De más está decir que en el ámbito de los derechos humanos los envíos de uniformados para solucionar el conflicto provocaron escozor porque “es una respuesta represiva a una situación que se produce por causas sociales, estructurales y de maltrato”, coincidieron un representante de una ong y funcionarios del área. Pero lo cierto es que el convenio se firmó.

Se trata de un convenio de cooperación técnica por el que se destinarán entre tres y seis oficiales superiores para dar cursos de asistencia a los penitenciarios locales. “En Santiago no existía un Servicio Penitenciario tal como se entiende en otros lados –recordó un ex funcionario de la intervención–. Estaba constituido por policías que habían llevado una pésima carrera, eran los policías desplazados. Había alrededor de 200 empleados, incluidos los guardias, para una población de aproximadamente 400 internos en todo el sistema. Se incorporaron unos 80, se seleccionaron por aptitudes y se impartió una formación que hasta entonces era inexistente. No entiendo cómo se llegó a esta situación de hacinamiento y protestas.”

Los oficiales del SPF darán cursos de Información, Estudios y Proyectos, Personal, Seguridad y Traslados, Trato y Tratamiento, y Trabajo y Producción. Iribarne se reservó la posibilidad de fiscalizar el destino y progreso de la comisión. Zamora, dónde darían los cursos.

Con esa novedad, con el antecedente del descabezamiento de la cúpula del Servicio, los penitenciarios locales empezaron con el runrún del descontento, temiendo que la crisis empujaría hacia abajo y no hacia los que ellos consideran como responsables. Aunque los voceros del gobierno negaron el acuartelamiento, el grupo especial de choque Getoar y otras fuerzas policiales lo confirmaron con su vertiginosa y poco disimulada intervención. Después se fueron sumando médicos, psicólogos y paramédicos del mismo SPS. La psicóloga Silvia Rodríguez explicó a los medios que existía malestar por la versión del gobierno, que los empleados estaban cansados porque habían trabajado tres días seguidos, y que había muchas dudas sobre su futuro.

Al mediodía, el imprevisto motín oficial había amainado y el gobierno provincial afirmaba que los familiares estaban realizando sus visitas en forma tranquila.

A las seis de la tarde, entretanto, los familiares que no podían realizar la visita porque sus parientes estaban entre los muertos iniciaron una marcha hacia la casa de gobierno desde el Mercado del Abasto. Se habían organizado en el barrio Pacará, que había sumado cinco muertos de entre los suyos. Allí, entre esos familiares y entre otros que marchaban rumbo al centro se podían escuchar comentarios sobre los cuerpos heridos con balas de goma, con las cabezas y los cuerpos muy golpeados, como si no hubiera bastado el fuego y el humo-veneno de los colchones.