Julieta pudo haber muerto. Ella lo sabe y lo cuenta, en un susurro, en la oficina pública en la que trabaja en el DF. Sus palabras fluyen, sin pausa, pero con una carga de angustia que se puede palpar en el ambiente, que se trasluce en sus ojos oscuros. Y es comprensible. Tiene 24 años, es soltera y vive con su madre. Hasta hace pocos meses, cuando terminó su licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México (UNAM), estaba desempleada y no tenía dinero para interrumpir un embarazo en una de las tantas clínicas privadas que ofrecen esa prestación desde hace años –aunque era ilegal– en el DF. Apenas hacía unos días que se había despenalizado el aborto en la capital mexicana, cuando un año atrás se enfrentó a una gestación no planificada. “A mí me salvó la vida la nueva ley”, dice con convicción esta muchacha bajita, de tez cobriza y cabellos morochos.

“Me embaracé de manera accidental el 19 de mayo de 2007, había bebido y tuve una relación sexual no protegida. Dudé en tomar las pastillas de anticoncepción de emergencia, como había hecho otras veces en situaciones de riesgo, pero pensé que no iba a quedar embarazada”, empieza su relato. Julieta quedó embarazada sin planearlo en una relación con una pareja ocasional, que al enterarse de la cuestión la dejó sola, sin ningún tipo de apoyo. Y le pasó sin tener los 15.000 pesos mexicanos (unos 150 dólares aproximadamente) que cuesta una interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF en una clínica privada. Entonces optó por averiguar en Internet cómo era el procedimiento recién aprobado. Y, aunque nunca había ido a atenderse al sector público, ante la desesperación fue hasta el Hospital Materno Infantil Inguarán. Recién se ponía en práctica la ley.

Le dijeron que tenía que volver al día siguiente a las 8, que ya era tarde cuando llegó al mediodía. Al salir, en la vereda de la calle Estaño al 300, en el barrio Felipe Angeles, a metros de la puerta del hospital, se encontró con un stand con una sombrilla –que sigue estando, según pudo comprobar PáginaI12– de un grupo “provida”, que sin identificarse como tal, decía: “Informes: interrupción de embarazo”. Julieta se acercó, pensando que la podrían orientar, y se encontró con una joven que trató de meterle miedo si se hacía una ILE en el hospital, enumerándole una serie de consecuencias graves que podía llegar a sufrir. “No hacen seguimiento y te podés poner muy mala”, fue una de las tantas cosas –mentiras, después diría ella– con las que la ametrallaron. Las siguen diciendo: esta cronista las escuchó cuando unos días atrás una muchacha rubia se las repetía a un padre que acompañaba a su hija adolescente a pedir turno para una ILE.

A Julieta, incluso, le ofrecieron ir a una oficina donde le dijeron que le podían sacar sus dudas y ella fue. “Yo pensaba que era una asociación que estaba a favor”, recordó la joven mexicana a este diario. Allí le pasaron un video que mostraba un feto en gestación en pleno crecimiento. Y Julieta escapó más desesperada que como había entrado, consciente ya de que la querían disuadir de la decisión que ella ya había tomado. Volvió al hospital pero le dieron fecha para la ILE recién para un par de semanas más adelante. Además, se sintió maltratada por el personal sanitario: al principio, el programa de ILE en el DF tuvo un fuerte rechazo de los médicos y enfermeras, y esto –reconocen las mismas autoridades sanitarias– redundó en un maltrato hacia las mujeres. Con el tiempo, esas asperezas se han ido limando pero aún subsisten.

Julieta estaba apurada y no quiso esperar el turno asignado. Optó por recurrir al misoprostol –un medicamento que tiene efecto abortivo y se compra en las farmacias, cuyo uso está muy extendido en Latinoamérica–. Pero resulta que no funcionó: el aborto fue incompleto y recién unas tres semanas después, sufriendo fuertes contracciones y hemorragias, y afiebrada, se dio cuenta de que requería urgente ayuda médica. Pagar la atención en una clínica privada donde le hicieran el legrado que necesitaba no podía. Así que volvió a recurrir al mismo hospital Inguarán. Llegó con una grave infección el 15 de agosto, inmediatamente le hicieron el procedimiento. Y al día siguiente le dieron de alta. “Es una ley muy valiosa: a mí me salvó la vida. Si no se hubiera aprobado yo no estaría aquí hablando contigo.” Y los ojos se le humedecieron.