“Hay signos alentadores” de que, a nivel mundial, se avanza hacia una concepción que vuelva a situar el abuso de sustancias en el campo de la salud pública, retirando el acento del orden penal. Así lo estima Graciela Touzé, titular de la Asociación Civil Intercambios, que sostiene la estrategia de “reducción de daños”. Este año, la comunidad internacional evalúa los resultados de la política represiva que la ONU –bajo fuerte presión de Estados Unidos– había ratificado en 1998. Los “resultados mensurables” prometidos entonces no se han verificado, y distintos países y organizaciones civiles proponen rectificar el rumbo. Una criterio impulsado por todas las entidades del área es el de que los usuarios de drogas deben participar, también ellos, en el diseño de políticas sobre el tema. Otro, planteado en las Naciones Unidas por la representación del Uruguay, es que las políticas de control de drogas no deben seguir, como hasta ahora, desvinculadas de los principios en derechos humanos que la comunidad internacional dice sostener.

–Estamos en un año muy particular: en 2008 debe revisarse el cumplimiento de las metas que hace diez años estableció la Sesión Especial de la ONU sobre drogas, muy presionada por las políticas de Estados Unidos. Entonces, los Estados miembros se habían comprometido a “lograr, para 2008, resultados importantes y mensurables en cuanto a la reducción de la demanda”, así como a “eliminar o reducir considerablemente” los cultivos ilícitos: es evidente que esos objetivos no se cumplieron, ni a nivel mundial ni en la Argentina. La ONU convocó ya a una reunión de alto nivel, para marzo de 2009, a la que concurrirán ministros de Salud de todo el mundo –cuenta Touzé.

–¿Hay perspectivas de que la ONU cambie su política en materia de drogas?

–Se vienen sumando aportes desde la sociedad civil. A principios de este mes, en Viena, se llevó a cabo un foro global en el que participaron más de 300 ONG de 116 países. Pese a ser tantas y con perspectivas muy diversas, fue posible acordar en ejes fundamentales. Las ONG advierten que en estos diez años hubo un grave desbalanceo: se cargaron las tintas en las acciones de reducción de la oferta, en detrimento de la reducción de la demanda. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) pone la lupa sobre el cumplimiento de cada Estado en el control de la oferta de drogas, pero no tienen la misma obligatoriedad los esfuerzos para reducir la demanda con intervenciones educativas, preventivas, de tratamiento y rehabilitación.

–En cuanto a reducir la demanda de drogas, ¿qué planteos específicos hacen las 300 ONG reunidas en el marco de la ONU?

–Piden la incorporación clara y explícita de la reducción de daños. Se logró consenso en este sentido, pese a que varias ONG de Estados Unidos se oponían en principio. Es un acontecimiento que hayan llegado a aceptarlo. (La estrategia de reducción de daños, en lugar de exigir el cese de los consumos, procura reducirlos hasta donde sea posible y paliar sus efectos perjudiciales: una intervención característica es la entrega de jeringas esterilizadas a usuarios de drogas inyectables.)

–¿Qué otras recomendaciones hacen las ONG?

–Otro eje importante es la necesidad de involucrar, en el diseño de las políticas, a los propios usuarios de drogas. Esto se plantea de manera muy enfática y supone, claramente, ubicar la cuestión en el orden de la salud pública y no del delito. Es aplicable la experiencia del VIH-sida: hoy sabemos que es imposible una respuesta efectiva a la epidemia sin participación de los afectados, de las personas que viven con VIH. También los problemas vinculados con las drogas deberían examinarse escuchando la voz de los afectados. En la Argentina, hasta ahora, el diseño de políticas en la materia no consideró mecanismos de consulta y participación de los afectados.

–¿Es factible que, en este marco, la ONU cambie sus políticas? ¿Podría llegar a alentar la despenalización del consumo o a retirar de la lista de estupefacientes la hoja de coca, como solicitó Bolivia?

–No creo probable una modificación radical, pero hay signos alentadores. Este año el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por primera vez se manifestó en favor de las políticas de reducción de daños, que implican una consideración distinta hacia el consumidor; los distintos organismos de la ONU van tomando en cuenta esta perspectiva. Y en los últimos meses se discute intensamente la necesidad de hacer coherentes las políticas de control de drogas con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

–¿Qué iniciativas hay en el orden de poner la “lucha contra las drogas” bajo la perspectiva de los derechos humanos?

–En la sesión de la Comisión de Estupefacientes de marzo de este año, Uruguay presentó un proyecto de declaración que pedía integrar claramente los instrumentos de derechos humanos de la ONU con la fiscalización internacional de drogas. El proyecto fue copatrocinado por la Argentina, que le dio un fuerte apoyo, y también por Bolivia, Suiza y la Unión Europea. Otros países se resistieron y finalmente se aprobó una declaración algo “lavada”, pero que es un punto de partida importante.

–¿Cómo ve la situación en la Argentina?

–Me parece auspicioso que se plantee una revisión de la política y la legislación en materia de drogas; el hecho de que haya una comisión trabajando en ese sentido es muy oportuno. También a nivel nacional hay que reexaminar los resultados de la ley de drogas, que desde hace 20 años penaliza la tenencia para consumo, sin que, como es evidente, haya conducido a una reducción del abuso de drogas.