“Es necesario abandonar el criterio criminalizador, que impide el acercamiento auténtico de la población usuaria al sistema de salud. Las políticas de drogas deben volver al campo de la salud, de donde nunca tendrían que haber salido”, sostiene Ricardo Paveto, secretario de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA).

“La problemática del consumo de sustancias se agravó cuando se priorizó la persecución penal a usuarios, en vez de acentuar las acciones sanitarias y sociales, sobre todo para las franjas más jóvenes de la población. Ante la fotografía, dolorosa, de un pibe de once años consumiendo pegamento o ‘paco’, la pregunta no debiera ser qué fue lo que consumió, sino cuándo fue el último día que fue a la escuela, cuánto hace que no practica deporte, en qué condiciones vive su familia: se trata de articular políticas sociales, sanitarias y educativas que el Estado en alguna medida tiene pero que están fragmentadas, cada una en paralelo sobre las mismas poblaciones”, sostiene el representante de ARDA.

Entretanto, “la criminalización del usuario se sustenta en un imaginario de peligrosidad social del consumidor de drogas, pese a que, estadísticamente, de las 400.000 personas que fueron detenidas desde 1989 por tenencia para consumo personal, el 90 por ciento no tenía antecedentes penales y trabajaba o estudiaba”.