La investigación por los atentados contra el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo se desarrolla en la Fiscalía Nº 4 de Avellaneda, a cargo de Guillermo Castro, quien reunió todos los hechos en una sola causa. “El fiscal admite que, entre los secuestros y amenazas en el Hogar Juan XXIII y el copamiento de la imprenta de Pelota de Trapo, el nexo reconocible es la vinculación con la campaña ‘El hambre es un crimen’”, explicó a este diario una fuente judicial.

Según la fuente, “la fiscalía admite que los perpetradores contaban con inteligencia previa sobre los lugares y personas sobre los que operaron, aunque no considera probado que hayan interceptado teléfonos”.

“Se están haciendo diligencias de investigación a largo plazo –contó la fuente–: el fiscal solicitó a las empresas de telefonía celular que le suministraran el detalle de todas las comunicaciones en los minutos previos al secuestro del educador de Don Orione (ver nota principal). Si aparecen llamadas de algún policía, se puede investigar qué hacía en ese lugar...”

–¿La investigación apunta específicamente a la policía? –preguntó PáginaI12.

–No hay hasta ahora ningún policía imputado –contestó la fuente–: hay que investigar. Si se determina que las llamadas las hizo un veterinario, habrá que investigar al veterinario...