Vie 09.01.2009

SOCIEDAD • SUBNOTA  › MARCELA RODRIGUEZ, DIPUTADA Y ESPECIALISTA EN LA MATERIA

Un horror naturalizado

La legisladora, autora de proyectos para prevenir la violencia de género, sostiene que debe haber mayor y más oportuna protección a las víctimas. “Falta, sobre todo, voluntad política”, dice.

› Por Mariana Carbajal

“Para las mujeres, en Argentina, es más peligroso el hogar que la calle”, afirmó la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez, abogada especializada en la problemática de la violencia de género y autora de diversos proyectos para prevenirla y sancionarla. Para poder erradicar los femicidios, advirtió en un reportaje con Página/12, se necesita “fundamentalmente voluntad política” y “considerar que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos”.

Antes de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Rodríguez dirigió entre 1993 y 2001 el Centro Municipal de la Mujer, de la localidad bonaerense de Vicente López, que se especializó en la atención de mujeres víctimas de malos tratos y se convirtió en un centro modelo: en 1998 fue distinguido con un premio de las Naciones Unidas a la Mejor Gestión de Derechos Humanos de las Mujeres.

–¿Son inevitables los femicidios o se podrían prevenir?

–Son evitables. En muchos casos, las mujeres que terminan muertas fueron a alguna institución pidiendo auxilio y el sistema no respondió brindado la protección adecuada. En muchos casos, también, el homicidio no es la primera manifestación de violencia. ¿Cómo evitarlo? A largo plazo con prevención, a través de políticas de Estado que provoquen un cambio de conducta y de patrones sociales. Pero, por supuesto, el número de mujeres que son asesinadas cada año por violencia de género no puede esperar ese cambio de fondo. En términos inmediatos y sin dilaciones tiene que haber el reconocimiento de que el Estado falló en brindar protección a esas mujeres: si la policía o la Justicia garantizan la impunidad del agresor, es difícil que una mujer que pidió ayuda vuelva a acudir en busca de auxilio. Tanto la policía como la Justicia deben cambiar la concepción de que se trata de un problema privado o social y considerarlo una violación de derechos humanos. Se sabe que la mayor parte de las muertes son cometidas por personas allegadas a la víctima. Para las mujeres, en Argentina, es más peligroso el hogar que la calle.

–¿Qué medidas hay que tomar desde la Justicia?

–Hay que hacer un cambio de procedimiento en que se privilegie la inmediatez en la toma de medidas de protección. Después, además, debe haber un seguimiento del cumplimiento de esas medidas y un castigo si no se cumplen. Esto hoy no sucede. Las medidas tienen que ser variadas: desde poner custodia o entregar un beeper para que la víctima se conecte con la policía en los casos más graves, hasta la exclusión del hogar del agresor y que no se pueda acercar a 200 metros a la mujer en todos los ámbitos de su vida, es decir, vivienda, trabajo, club.

–¿Falta capacitación de funcionarios judiciales y policiales?

–Para poder hacer todo esto se necesita capacitación y sensibilización de los funcionarios, pero sobre todo voluntad política para hacerlo.

–En España, según publicó el diario El País el último domingo, hubo 73 femicidios en 2009, una cifra considerablemente inferior a la de Argentina. Pero aun así allá se horrorizan por ese número.

–En España fue muy importante la voluntad política de Rodríguez Zapatero para enfrentar este problema: la primera ley que mandó al Parlamento al asumir fue precisamente una ley integral para prevenir y erradicar la violencia de género, que incluye políticas de Estado en todos los ámbitos y recursos para llevarlas adelante. Eso demuestra la importancia que le dio al tema como violación de los derechos humanos.

–¿Por qué en Argentina pocos se horrorizan por el número de femicidios?

–Porque uno de los problemas que tiene la violencia de género es que está naturalizada. Es común escuchar chistes sobre cuestiones vinculadas con la violencia hacia las mujeres que nadie haría en relación con otros grupos discriminados como judíos o personas de color porque quienes los hacen serían señalados inmediatamente como racistas.

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