El gobierno bonaerense puso en marcha la ley 13.964 que regulará la actividad de los patovicas a través de un registro provincial que contendrá los antecedentes delictivos y la situación laboral de los casi 50 mil empleados de seguridad que hay en los boliches y pubs provinciales. Prohibirá que los “controladores” porten armas y que ejerzan si pertenecen a fuerzas de seguridad o por tener antecedentes de violencia o en delitos de lesa humanidad. Además, crea una tecnicatura con contenidos en derechos humanos a la que se podrá acceder gratuitamente.

La legislación –puesta en marcha un día después del asesinato del joven Juan Maldonado (ver aparte)– responde a la ley 26.370 de carácter nacional –aún no reglamentada– y la supera al crear una comisión para monitorear su aplicación, que estará integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Trabajo, de la Secretaria de Derechos Humanos, del Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (el sindicato de los patovicas) y organizaciones de la sociedad civil.

De ahora en más, el Ministerio de Seguridad será el encargado de realizar el relevamiento de los patovicas para conformar el Registro Público Provincial de Personal, de Control, de Admisión y Permanencia a través del cual se controlará la obligatoriedad de participar de cursos de capacitación y el cumplimiento de requisitos como tener completos los estudios secundarios y presentar antecedentes penales, reincidencia carcelaria y aptitud psicológica.

La cartera laboral participará de la elaboración del registro, ya que los patovicas deberán estar legalmente inscriptos. Así se regularizará la situación de los trabajadores de esta actividad. “El 95 por ciento trabaja en negro”, advirtió Oscar Castelucci, padre del joven asesinado en 2006 en la disco La Casona de Lanús y titular de la Asociación Martín Castelucci que trabajó en la reglamentación de la ley.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de intervenir por denuncia –se prevé instalar un 0800– o de oficio para luego aplicar las sanciones por incumplimiento contra los patovicas y también sus empleadores.

En cuanto a la puesta en práctica de institutos oficiales y privados que dicten la tecnicatura, Castelucci adelantó que “se estuvo trabajando paralelamente con el Ministerio de Educación nacional y la Dirección General de Escuelas bonaerense para elaborar los programas y en un año debería estar funcionando el primer instituto”.

La secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, indicó que la implementación de la ley en la seguridad de los boliches implica un cambio de paradigma de la seguridad como uso de la fuerza a la seguridad como formación ciudadana.

Informe: Nahuel Lag.