- Omar Chabán fue condenado a 20 años por incendio doloso calificado por la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432, en concurso real con el delito de cohecho activo en calidad de autor. Consideraron que organizó el espectáculo con conocimiento de los peligros (pirotecnia, poliuretano en el techo, exceso de gente, puertas cerradas) y que pagó al subcomisario Rubén Díaz para saltear controles.

- Diego Argañaraz, manager de la banda. Condenado a 18 años por el mismo delito como partícipe necesario. También considerado organizador, por encima del resto del grupo. Descartaron la supuesta horizontalidad de la banda como una “estrategia” de las defensas.

- Rubén Díaz, subcomisario de la 7ª, también 18 años e inhabilitación perpetua, porque dieron por probado que cobró para dejar que todo siguiera.

- Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández, ex funcionarias de Control Comunal, condenadas a dos años y cuatro de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

- En estos cinco casos, el Tribunal ordenó la “inmediata detención” finalizadas las apelaciones y con el fallo firme. En el caso de Fiszbin y Fernández, la decisión de prisión efectiva pese al monto de la pena se explica en la recomendación del Tribunal al Congreso: “Sancionar una ley que eleve la pena por ese delito”, es decir que consideraron la máxima condena y hubieran aplicado más de haberles sido posible.

- Raúl Villarreal, ayudante de Chabán, condenado a un año como partícipe secundario en el cohecho. No consideraron que tuviera el mismo grado de conocimiento y de decisión respecto de la organización del evento ni de la seguridad de los ingresos y salidas.

- Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy, Elio Delgado y Daniel Cardell fueron absueltos porque los consideraron en la actividad de músicos y debajo de los niveles de organización del evento o sin capacidad suficiente para levantarlo.

- El comisario Miguel Belay no estaba en la 7ª cuando se cometió el cohecho y lo absolvieron.

- Al funcionario Gustavo Torres también, porque no encontraron pruebas que lo implicaran en la falta de control.