“Apuntar a perseguir penalmente a las mulas genera impunidad al contrabando y tráfico en serio y da la percepción social de que el castigo sólo alcanza a los eslabones más débiles de las organizaciones narco, lo que termina por hacer poco confiables las políticas criminales de los gobiernos y a las instituciones”, analizó la abogada Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico.

“Luego de los delitos contra la propiedad, la mayor tasa de presos corresponde a casos de infracción a la ley de drogas, pero los que son alcanzados son los más débiles, mujeres y hombres que no pertenecen a los estratos más altos de la organización ni son los que están a cargo de la logística, y menos del lavado o del tráfico de armas o autos, y sin embargo son castigados con penas que van hasta los 16 años de prisión. Padecen maltrato, sus vidas peligran, muchas veces mueren por órdenes de sus jefes luego del transporte, otras veces por prácticas perversas de algunos”, señaló Cuñarro.