El caso de Iván Torres demuestra cómo la violencia policial funciona sólo si tiene cobertura judicial y política. Después de la desaparición de Iván, seis testigos (en dos casos, sus homónimos) fueron asesinados o murieron en circunstancias demasiado dudosas para ser casuales en conjunto. El último fue Juan Caba, cuñado de Iván y con orden de protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una amiga de Iván fue violada y, después, el violador le dijo: “Hacé la denuncia en la 1ª –la misma donde estuvo detenido Iván– que te la tomo yo”. En su fallo, dictado el 26 de agosto pero informado el 26 de septiembre, la Corte Interamericana ordenó la protección de familiares y abogados. Cinco días después de que las partes tomaran conocimiento, el sábado 1º de octubre pasado, la familia de Iván organizó un acto al cumplirse los ocho años de la desaparición del joven. Al acto asistieron, entre otros, Nora Cortiñas, quien había sido designada como perito de la querella. Ese mismo día, una de las abogadas supuestamente protegidas, Verónica Heredia, se encontraba presente en el acto. A esa hora, violaban la puerta de su casa para robarle únicamente la computadora y una guitarra.