Mediante cuatro medidas cautelares, Gerónimo “Momo” Venegas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), logró frenar la semana pasada la aplicación de la ley que establece un nuevo Estatuto del Peón Rural. El Ministerio de Trabajo nacional ya apeló estas resoluciones, que detienen varios beneficios para los peones rurales: la jornada laboral de ocho horas y el acceso a la jubilación con 57 años y 25 de aportes. También prohíbe la actividad de empresas que tercerizan el reclutamiento de peones, como Rural Power y Adecco, reemplazándolas por una bolsa de trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Como antes, en el caso de las reservas del Banco Central hace dos veranos, de la ley de medios audiovisuales, de defender las altas tasas de interés que se cobraban a jubilados mediante el código de descuento; nuevamente aparece la Justicia cautelar para defender intereses espurios”, expresó el viernes pasado, el presidente en ejercicio Amado Boudou.

Uno de los jueces que frenaron la ley es Alberto Ize. También firmó el juez platense Guillermo Atencio y la jueza subrogante Ana María Rojas, quien libró dos amparos. El Momo Venegas se opone a la disolución del Renatre, el registro de los peones que administraba una bolsa de empleo y debía garantizar el trabajo en blanco en el sector. La ley lo reemplaza por un ente controlado por el Estado.