Antes de llegar al fallo, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba llamó a las partes a una audiencia “de conciliación” que se realizó el 26 de septiembre pasado. El trámite tuvo momentos de tensión, sobre todo por las reacciones que tuvieron –a grito pelado– el procurador del Tesoro de la provincia, Juan Reyna, otros funcionarios del área y el jefe del Servicio Penitenciario cordobés. Uno de los estallidos se produjo cuando el fiscal Abel Córdoba expresó que en el mundo había dos cárceles que no se podían inspeccionar: la de Guantánamo, por disposición del presidente Barack Obama, y la unidad penitenciaria Reverendo Padre Luchese, de la localidad de Bouwer, por orden de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Graciela Chayep. La cosa fue tan dura que hasta mereció un párrafo en el fallo dictado por los camaristas.

Los camaristas señalaron que la “falta de colaboración” de las autoridades provinciales, que había comenzado el 8 de mayo prohibiendo a la Procuvin la posibilidad de hacer una visita al penal de Bouwer, “se acentuó por parte del señor procurador del Tesoro de la provincia en la audiencia del 26 de septiembre de 2013, cuando se retiró antes de su conclusión y desconoció la investidura funcional del representante de la Procuración General de la Nación (Abel Córdoba), que no se compadece con una conciliación judicial que procuraba el tribunal para zanjar el diferendo”. La reacción del gobierno cordobés luego de la denuncia de la Procuvin sobre la existencia de cepos y cadenas con las que se maniataban a los internos en la cárcel de San Martín, se advirtió en otras cárceles de la provincia. Familiares de algunos detenidos en la unidad penitenciaria de Cruz del Eje comentaron que en una de las paredes se había pegado un cartel con una clara advertencia a los guardias: “Si aparece el doctor Córdoba, no hay que dejarlo pasar”.