“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, gritaron decenas de mujeres frente a las escalinatas de los Tribunales de Talcahuano. Los destinatarios del cántico eran los cortesanos que dictaron el fallo que prohibió la venta de la pastilla Imediat, conocida como “del día después”. El reclamo acompañó el ya tradicional cacerolazo de los jueves que organizan los abogados laboralistas y al que adhieren numerosas entidades sociales.
“Mi cuerpo es mío, mío, mío”, decía el cartel que Andrea llevaba sobre su espalda. La chica de 25 años opinó que el fallo “es una estrategia de la Corte para hacer transas con la Iglesia”, a la vez que advirtió que si ahora sale una aclaratoria –debido a que la pastilla cuya venta se impide ya no existe con ese nombre– que abarque a las drogas que la conforman “sería un peligro porque la mayoría de los anticonceptivos orales las tienen”.
La agrupación Católicas por el Derecho a Decidir repartía volantes para expresar su desacuerdo ante la resolución que “cercena los derechos humanos de las mujeres, y nos impide la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida”. Un cartel pintado a mano, sobresalía entre la maraña de banderas: “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería un sacramento”. Es que la mayoría de las presentes –algunas de las cuales llevaban cintas lilas o violetas para identificarse– relacionaron directamente la medida judicial con la necesidad política de la Corte de buscar nuevas alianzas. “Me hace acordar a lo que hizo (el ex presidente Carlos) Menem cuando instituyó el Día del Niño por Nacer, porque en este caso tampoco les importan los derechos humanos de las mujeres”, criticó Raquel, una psicóloga de 55 años que todos las semanas se moviliza contra los supremos pero que esta vez tenía un motivo adicional.
Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad, comentó que la iniciativa de llevar consignas propias al cacerolazo surgió a partir de emails que intercambiaron entre organizaciones preocupadas por la decisión judicial. “Estamos pensando qué recurso utilizar para frenar esto, inclusive recurrir a instancias internacionales”, señaló. Por su parte, María José Lubertino, presidenta del Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM), afirmó que “estudiamos denunciar el fallo ante la Corte Interamericana por ser violatorio del Pacto de San José de Costa Rica”. También estuvieron presentes la senadora bonaerense (UCR) Elisa Carca y la diputada del ARI Marcela Rodríguez para repudiar la suprema decisión. Mientras Rodríguez calificó al fallo como “engendro jurídico”, Carca opinó que puede esperarse que “esta Corte el día de mañana nos prohíba el uso de un anticonceptivo oral común”.
En el medio del ruido, Valeria estaba contenta porque consideraba que “esto sirve para despertar la conciencia en el mediano plazo, así a los grupos conservadores les va a costar más imponer sus ideas”. Sin embargo, Adriana, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto, consideró que “van a intentar avanzar pero debemos seguir en la lucha”.
Un poco más atrás, detrás de una enorme cartulina que señalaba “Los amigos del de patillas nos prohíben las pastillas”, estaba Angelita. “La Corte está desesperada y esto puede ser sólo el comienzo –alertó–. Tenemos que estar muy atentos”.