El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana una ley contra el correo basura que aún debe ser firmada por el presidente George Bush y que tuvo como primer efecto la aplastante crítica de los principales impulsores de este tipo de medida, es decir los organismos antispam. Es que para ellos la modalidad que tomó la ley más que evitarlo terminará promoviendo el spam. En Argentina no hay aún una ley específica: existen dos proyectos, pero hasta hoy no fueron tratados.
Hay un debate que divide aguas en torno de cómo debe ser una ley antispam. Las dos variantes en danza se diferencian por el criterio que adoptan: que el usuario pueda ser excluido de una lista (opt out en la jerga) o que deba estar incluido previamente (opt in). La primera –en la que se inscribe la ley que acaba de aprobarse en Estados Unidos– es apoyada por quienes están en el negocio del marketing: la publicidad puede enviarse, pero hay que darle al destinatario la posibilidad de responder y negarse a seguir recibiéndola. En la opción opt-in es al revés: antes de enviar un mensaje publicitario se debe contar con el consentimiento del destinatario. Esta es la modalidad que adoptó la norma europea que entró en vigencia esta semana.
Para las organizaciones anti-spam, sólo es válida la opción opt-in. En Estados Unidos las críticas arreciaron: sostienen que el proyecto aprobado prácticamente legaliza el spam, siempre que cumpla con ciertas condiciones, como poder ser rechazado y anunciar qué contiene el mensaje en el asunto. Si los volúmenes de spam siguen aumentando al ritmo del último año, alegan, la principal actividad de un usuario será rechazar publicidades no solicitadas.
“Con el opt-out el problema no se resuelve –coincide el abogado Gustavo Tanús–, hay que tomarse el trabajo de revisar y responder cientos de mensajes, para lo cual se paga por la conexión. Porque con el spam se invierte la situación normal de la publicidad: en lugar de que pague el que hace la publicidad, paga el que la recibe, aunque no la pidió. Yo creo que habría que instrumentar una forma de que quien hace la publicidad tenga un costo, que podría ser un certificado digital exclusivo para eso. De ese modo, estaría identificado con e-mail, cuit, etc.”
La ley europea, en cambio, se inscribe en la modalidad del opt-in para usuarios comunes y opt out para empresas, pero también recibió críticas porque las multas impuestas son muy bajas. Además, argumentan los organismos antispam europeos, sólo rige en la Comunidad y la mayor parte del spam les llega del exterior.
En Argentina, la discusión aún está muy atrás. Hay dos proyectos: el más avanzado –ya fue discutido en comisión– es el del senador Marcelo Guinle (PJ) que se inclina por el opt out. Hay otro, del diputado Miguel Mukdise (UCR) que pide el consentimiento explícito del usuario. En 2001 también hubo un anteproyecto de la Secretaría de Comunicaciones, pero quedó durmiendo en un cajón.