En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por un caso de sustracción de bebé, convalidado por la Justicia de Entre Ríos. La historia tiene la particularidad de que es el padre, Leonardo Fornerón, quien llevó adelante el incansable reclamo por la restitución de la niña, que hoy tiene 15 años, y sigue viviendo con sus el matrimonio que la crió en el barrio porteño de Belgrano, donde concurre a un colegio privado. El fallo ordenó restablecer la relación entre padre e hija, impuso una indemnización para ambos, cuestionó duramente a los jueces entrerrianos, que intervinieron en la adopción irregular, y los mandó a estudiar sobre los derechos de la niñez. El pago de la indemnización, de casi 200 mil dólares se efectivizó en 2014 y la revinculación entre ambos, con un régimen de visitas semanal, se viene cumpliendo, según pudo saber este diario, con la intervención de un equipo especializado de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pero en un proceso que encuentra enormes dificultades para allanar la relación por la posición contraria que tienen los padres de crianza. A veces los encuentros duran minutos. Y la adolescente, que es bastante tímida, apenas habla con su padre. El parecido físico entre ambos es notable.

La niña nació el 16 de junio de 2000 en un sanatorio privado de Victoria pese a que su madre biológica era de Rosario del Tala, a 100 kilómetros, donde vive también Fornerón. Al día siguiente del nacimiento por cesárea, el sábado 17 de junio, intervino un defensor de Pobres y Menores suplente, Julio Guaita, y dispuso la entrega de la beba en guarda, a una pareja de la ciudad de Buenos Aires. El padre, que no sabía del embarazo, se enteró que la niña era su hija recién el 3 de julio de 2000. Se presentó de inmediato ante la defensora de Pobres y Menores de Rosario del Tala para reconocer a la niña. En el mismo despacho, la madre negó que el joven, de entonces 27 años, fuera el padre de la criatura. La mujer declaró que la beba estaba con una tía, sin dar precisión alguna. El papá planteó sus sospechas a la defensora. Según consta en su denuncia, Fornerón cree que “la niña no se encuentra donde la madre manifiesta sino que la habría dado a una familia para su cuidado”. El 11 de julio de 2000, tras su testimonio ante un fiscal, se inicia un expediente que tramitó en el Juzgado de Instrucción de Tala, a cargo entonces de Daniel Olarte. En el medio del largo proceso, entre otras cuestiones, se denuncian irregularidades en el trámite de inscripción de la pareja de Buenos Aires en los registros de adoptantes de la provincia. El 18 de julio, Fornerón inscribe a su hija en el Registro Civil de la Ciudad de Victoria y recién el 1º de agosto los adoptantes solicitan formal otorgamiento de la guarda judicial de la beba. Tres días después, el juez Olarte ordena el archivo de la causa iniciada. La decisión es apelada, la Cámara del Crimen de Gualeguay revoca el fallo de primera instancia, pero lo termina confirmando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Fornerón insiste. Viajó nuevamente a Victoria, el 18 de octubre de 2000, para intervenir como parte en otra causa, la que tiene por objeto la guarda judicial. Tramita el caso en el Juzgado Civil y Comercial, a cargo entonces de Raúl Del Valle.

El joven pidió allí la restitución de la menor y un estudio de ADN determinó fehacientemente la paternidad. Pero no importó. El juez Del Valle, pese al reclamo en curso del padre, resolvió otorgar la guarda judicial, con fines de adopción, a la pareja que hoy tiene a la adolescente.

Tiempo después, en diciembre de 2005, se les otorgó la adopción simple con cambio de apellido. “No me dan a mi hija porque soy hombre, soy soltero y porque soy pobre. No lo digo yo, está en el expediente”, dijo en aquel momento Fornerón: efectivamente, los peritos que intervienen aconsejan que la niña siga con sus padres adoptivos porque son profesionales y tienen buena situación económica.

Fornerón presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que le fue denegado, y el 14 de octubre de 2004 presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana, que fue admitida en 2006. Recién en 2012 la Corte Interamericana dictó el fallo contra el Estado argentino: es decir, llevó seis años el proceso internacional.

Fornerón formó una familia y tiene otros hijos. En cada encuentro con su hija adolescente, suele llevarle fotos de sus hermanitos.