No todos los países recibieron con los brazos abiertos la aplicación que se autodefine como un puente entre “usuarios que requieren un servicio de traslado y socios que se conectan para brindar ese servicio”. En Francia, la oposición enérgica de los taxistas terminó por cancelar las operaciones de Uber –en su versión Uberpop– en el país luego de que fuera declarada ilegal. Además, en enero de este año, la justicia condenó a la empresa a pagar 1,2 millón de euros a la Unión Nacional de los Taxis (UNT) como multa por no cumplir con la normativa local según la cual los autos adscriptos a la aplicación no podían levantar pasajeros en la calle.

De acuerdo con la ley francesa, los vehículos con conductores profesionales (VTC), que compiten con los taxis, sólo pueden brindar servicios por reserva previa. Por ello, en lugar de estacionar en la calle, deben regresar a una base de operaciones entre viaje y viaje. Sin embargo, la UNT denunció que la empresa se servía de la “ambigüedad de las consignas” que daba al respecto a los choferes.

En 2014, un tribunal comercial francés había ordenado a Uber “retirar de sus soportes de comunicación toda mención que presentara como lícito el hecho de pararse, estacionar o circular en una calle abierta a la circulación pública, a la espera de clientes, sin ser titulares de una autorización reservada a los taxis”.