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El próximo jueves, referentes de una decena de organizaciones comprometidas con los derechos humanos –Cels, Amnistía Internacional, APDH, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Innocence Project, Cladem, entre otras– viajarán a la capital tucumana y darán unan conferencia de prensa, para pedir por la liberación de Belén y la anulación de su condena. En ese momento, sesionará en la capital provincial el Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúne a los funcionarios del área de todas las provincias y al secretario de Nación, Claudio Avruj. La corte de Tucumán, debe decidir si acepta el pedido de cese de la prisión preventiva de la joven presa, tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público tucumano, y la sobresee. Es un hecho inédito que más de una decena de ONG se haya presentado como amicus curiae en un caso de aborto. Belén lleva casi 900 días en una cárcel. Del hospital salió presa. Y terminó condenada por homicidio agravado por el vínculo, sin que haya pruebas que la vinculen con el feto que se la acusa haber matado apenas lo habría dado a luz. Nunca se hizo un ADN. La causa se inició con la violación del secreto médico, como en el caso de María Magdalena y el proceso judicial está plagado de irregularidades (ver aparte).

Por otro lado, representantes de Amnistía Internacional Argentina recolectaron más de 120.000 firmas en todo el mundo a favor de la liberación de Belén, y viajarán el martes 26 a esa provincia para entregarlas a funcionarios provinciales.

La reunión tendrá lugar con las secretarias locales de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y Derechos Humanos, Erica Brunotto, a quienes pedirán “la liberación inmediata e incondicional de Belén, garantizando que ni ella ni ninguna otra mujer o niña será sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica”, según informaron desde la organización internacional.

También solicitarán que “se instruya a los profesionales de la salud para garantizar el deber de confidencialidad médico-paciente y mecanismos efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la privacidad de la mujer o niña”.

Además, reclamarán a las autoridades locales que “se inicie de manera rápida, imparcial e independiente una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales” contra la joven detenida.