Por Emilio de Benito *
Desde Madrid

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reafirmó el propósito del gobierno español de regular los matrimonios gays porque es “un deber democrático”. López Aguilar contestó así a la llamada de la Conferencia Episcopal, que pidió a los políticos católicos que hagan “todo lo que se encuentre en sus manos” contra la equiparación de las uniones homosexuales.
López Aguilar mostró su respeto a la “Conferencia Episcopal en el ejercicio de la autoridad que ejerce sobre la comunidad de creyentes”, pero recordó que la aprobación del matrimonio gay es parte del programa electoral del PSOE para “remover barreras de desigualdad”, informa Europa Press. El ministro pidió a la Iglesia “el respeto que merece el trabajo que efectúa el Parlamento en una sociedad democrática como representante de la soberanía popular, regulando instituciones disponibles para ciudadanos libres e iguales entre ellos en una sociedad plural”.
Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, manifestó “claramente que este llamamiento de la jerarquía de la Iglesia Católica no interferirá ni modificará el compromiso del PSOE”. “Así lo ha manifestado la sociedad española, con un apoyo de casi el 78 por ciento a esta medida del gobierno socialista. Esta mayoría social que apoya la igualdad para los homosexuales pone de manifiesto, una vez más, el divorcio entre la jerarquía de la Iglesia española y sus propias bases, unos creyentes que conforman una parte importante y respetable de la ciudadanía de este país”, añadió.
Zerolo manifestó su “seguridad” en que ningún diputado católico del PSOE votaría contra la futura ley. “Si dos de cada tres españoles están a favor, como dicen las encuestas, los que tienen que tener cuidado son los del PP. Seguro que habrá diputados populares que quieran votar a favor. Al final va a pasar como con la Ley del Divorcio, que son los que más la usan”, declaró. Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa y Jueces para la Democracia también han criticado la “injerencia” de la Iglesia. “El ‘error injusto’ es oponerse a la igualdad de derechos entre todas las personas por razón de su orientación sexual”, ha manifestado EA, en referencia a la afirmación de la Conferencia Episcopal de que equiparar las uniones homosexuales a los matrimonios sería una discriminación porque daría a los gays un derecho “que no les asiste”.
“Muy enfadada”, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Beatriz Gimeno, manifestó que “es indignante que una organización que vive gracias a nuestros impuestos tenga el valor de interferir en la política democrática del país”. “La Iglesia Católica no puede definir lo que es el matrimonio, igual que no lo pueden hacer los mormones ni los musulmanes, en cuyo caso habría que considerar que la poligamia es lo natural”, añadió irónica. “Además, la jerarquía católica olvida que con esta postura está dejando de lado a muchas lesbianas y gays que son católicos, a los que niega toda igualdad”, dijo Gimeno. La presidenta de la federación anunció movilizaciones para contrarrestar las previstas por la Iglesia, y un relanzamiento de la campaña de apostasía que tuvo como último episodio la entrega el 8 de julio de casi 1500 peticiones para ser borrados de los archivos de la Iglesia Católica. “Por cierto que, en contra de la ley de protección de datos, no ha habido respuesta (a estas peticiones) en el plazo de 10 días. Ya está bien de que se crean por encima de las leyes”, declaró Gimeno. La Asociación de Transexualidad Clínica coincidió con la Federación en pedir una apostasía “masiva”, para que se vea “de verdad” a cuántos españoles representa la Iglesia, y “en qué se basan sus privilegios”. Por su parte la Federación Colegas ha pedido a la Fiscalía General del Estado que intervenga por un delito de “apología de la homofobia”.
“El Estado debe dejar de amparar instituciones cuyo único objetivo es inculcar la homofobia y agredir con la palabra a personas que aspiran únicamente a ser protegidas contra la discriminación y la injusticia”, manifestó. También la asociación Triángulo acusó la “discriminación” de la Iglesia, aunque manifestó su confianza en que hasta “los parlamentarios católicos saben que su fe va mucho más allá de la cerrazón ultraconservadora de una jerarquía que está fuera de la realidad”. Frente a estas críticas, el obispo de Mondoñedo-Ferrol, José Gea Escolano, consideró que con el matrimonio gay la sociedad va a “un desorden moral y social sin precedentes”, informa Efe. “¿Por qué no legalizar las uniones de tres o cuatro?”, se preguntó.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.