- El proyecto de mayoría. La “ley de educación sexual integral”, elaborada por los diputados kirchneristas Ana Suppa y Diego Kravetz y la macrista María Polimeni, establece que quien regulará el modo de impartir estas nociones será la Secretaría de Educación porteña. Este órgano se ocupará de diseñar los contenidos y de capacitar a los docentes, pero el proyecto fija contenidos específicos que deben ser incluidos. Los chicos recibirán información desde preescolar y durante toda la enseñanza obligatoria, de acuerdo con su momento evolutivo. El proyecto incluye la noción de diversidad sexual y da a los padres espacios de participación.
Este proyecto ve a la educación sexual como “un instrumento esencial en la prevención de enfermedades y del embarazo adolescente”, y apunta a promover “una concepción positiva de la sexualidad” a través de la transmisión de información “pertinente, precisa, confiable y actualizada”.
El artículo que genera más asperezas es el octavo, que enuncia sobre qué temas entenderá la educación sexual. A la orientación sexual la considera una variable del “desarrollo psicofísico”. Propone ofrecer a los chicos “valores” para que se relacionen “responsablemente”. La educación sexual pasará, entre otros, por los tamices de las propias conductas, la espiritualidad, la salud, la cultura y la responsabilidad. Los contenidos buscarán “contrarrestar los mitos, creencias falsas y contenidos erróneos” dados por “los medios, la socialización, los pares” y un culpable impreciso: “El currículum oculto”. La secretaría deberá garantizar “un ámbito de intercambio con padres, madres, tutores, ONG y entidades académicas y comunitarias” para que ofrezcan “servicios y asesoría”.
- El proyecto de minoría. La norma propuesta por el diputado Santiago de Estrada, de Juntos por Buenos Aires, considera que la educación sexual debe iniciarse en séptimo grado de la primaria. Los contenidos se tienen que “adecuar a cada contexto”, y la capacitación de los docentes debe ser “acorde con las convicciones y valores de sus destinatarios”. De este modo, cada escuela decide junto a los padres la educación sexual que recibirán los chicos.
El dictado de los conocimientos “deberá ser objeto de consideración primaria de los padres”, indica el proyecto. Y tiene que “contemplar y respetar la diversidad cultural y las creencias religiosas de la familia”. El objetivo de la ley es “garantizar el acceso a una información armónica, gradual y veraz”. Así, los datos que adquieran los “educandos” tendrán que concordar con “principios y criterios éticos, religiosos, científicos, fisiológicos y pedagógicos”. Sólo lo necesario para tender a “la reflexión conjunta entre los adolescentes y sus padres sobre la sexualidad”.
Para que los padres también aprendan, en las escuelas porteñas se desarrollará un “Programa de Educación Sexual” que realizará un mínimo de dos jornadas anuales dictadas por “un equipo de profesionales designados por la máxima autoridad del establecimiento”. Este programa respetará “el marco filosófico y axiológico de las familias involucradas, de acuerdo con el ideario y/o proyecto educativo institucional”.
Los talleres serán para “colaborar y facilitar la formación de los padres en los aspectos fisiológicos, psicológicos y pedagógicos referidos a la sexualidad de los educandos, promoviendo la comprensión y acompañamiento en la maduración afectiva de los mismos”.