Hasta ayer, el único imputado y detenido en la causa era el empresario Omar Chabán, dueño y máximo responsable del funcionamiento de República Cromañón, donde el incendio del 30 de diciembre pasado provocó la muerte de 192 personas. La jueza María Angélica Crotto ordenó un embargo sobre los bienes de Chabán, de los renunciantes ex funcionarios del gobierno porteño Juan Carlos López y Fabiana Fiszbin, y del manager de Callejeros, Diego Marcelo Argañaraz, quien ayer fue detenido. Otro de los posibles acusados, Raúl Villarreal, jefe de Seguridad de Cromañón, todavía no ha sido citado a prestar declaración, ni como testigo ni como imputado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció, el 3 de enero, que el boliche no tenía la habilitación correspondiente. Esto fue lo que precipitó la renuncia de Fiszbin, jefa del cuerpo de inspectores. En el caso de Chabán, el fiscal Juan Manuel Sansone lo acusó de ser responsable del delito de “homicidio con dolo eventual” porque conocía el riesgo al que estaban expuestos los espectadores, en razón los incendios ocurridos con anterioridad en el mismo local. A pesar de los antecedentes, no tomó los recaudos necesarios y mantuvo cerradas las salidas de emergencia, hizo entrar a más gente de la permitida y no hizo nada efectivo para evitar que se encendieran bengalas.
La situación de Chabán se complicó porque ex empleados de Cromañón declararon que “los matafuegos estaban vencidos y las mangueras pinchadas”. Chabán se negó a prestar declaración en dos ocasiones. En la segunda oportunidad, su abogado, Pedro D’Attoli, dijo a la prensa que “es casi seguro” que su cliente “pagó coimas” para evitar el cierre del local. Uno de los puntos por develar en la causa es la responsabilidad que le cupo a los funcionarios del gobierno porteño que tenían la responsabilidad en materia de habilitaciones. Los familiares de las víctimas creen que la responsabilidad llega, incluso, al jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.