Aunque el geriátrico San Agustín fue habilitado en 1998, el área donde se inició el incendio no estaba prevista para el alojamiento de ancianos. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Pero hay más: en el lugar debería haber habido “nueve personas de manera permanente”, entre enfermeras y mucamas, según indicó a Página/12 Ignacio Gil Miranda, director de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense. Esa dependencia es la encargada de controlar si los establecimientos sanitarios trabajan de acuerdo con las normas. En seis años, el geriátrico había sido inspeccionado tres veces, la última en 2000. Aunque admitió la responsabilidad propia, Gil Miranda apuntó a la directora médica del establecimiento, quien debió haber denunciado la ampliación del lugar.
Las condiciones que deben reunir los establecimientos sanitarios de la provincia –entre ellos, los geriátricos– están contempladas en el decreto 3280/90. Allí se especifican cuestiones tales como la cantidad de camas por habitación, pero también se mencionan los recursos humanos necesarios de acuerdo con la cantidad de personas internadas. “Si la institución tiene entre 21 y 40 camas –tal es el caso del lugar incendiado–, debió haber habido cuatro auxiliares de enfermería y tres mucamas”, explicó Gil Miranda. En la madrugada del incendio había una sola enfermera en el geriátrico.
Para el funcionario, la principal responsabilidad de lo ocurrido recae en la directora médica del establecimiento, por no haber denunciado que en el garaje también había ancianos. Los directores médicos son profesionales que nombran los dueños de las clínicas, y sus acreditaciones son evaluadas por la cartera sanitaria. “Tienen que hacer respetar las normas porque de no garantizarlas comprometen su matrícula”, destacó Gil Miranda. Según el artículo 11 del decreto, son “responsables ante la autoridad sanitaria por el cumplimiento de las leyes vigentes en la materia”.
En segunda instancia de responsabilidades, el funcionario ubicó a los dueños del lugar. Y aunque admitió una cuota de responsabilidad propia, afirmó que “es imposible fiscalizar los 5900 establecimientos sanitarios” que hay en la provincia de Buenos Aires si no es a través de un mecanismo de “responsabilidad compartida”.
“Todos tenemos que fiscalizar –insistió–. De hecho, las obras sociales que derivaron pacientes deben hacer auditorías médicas en las instituciones. Incluso los familiares pueden denunciar en qué condiciones están los internados: tener a un anciano en un garaje es inadecuado”, subrayó Gil Miranda. Al mismo tiempo, señaló que el municipio, a través del área de Seguridad e Higiene, “puede pedirle al ministerio que concurra a un lugar” en caso de sospechar irregularidades.
Entre las condiciones que el lugar debía cumplir para su funcionamiento también se cuenta el requisito de no tener más de cuatro camas por habitación y un espacio de quince metros cúbicos por cama. En 1998, cuando recibió la habilitación, “el geriátrico reunía las condiciones de seguridad necesarias, según consta en el acta de inspección”, dijo Gil Miranda. En el lugar hubo tres inspecciones, la última de ellas en 2000. “En todos los casos fueron controles de rutina y no se detectó ningún tipo de irregularidad”, informó.

Informe: Daniela Bordón.