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“Mi hijo llegó al colegio de menores por el papá, que supuestamente abusó de una de mis hijas. Me da vergüenza decirle. Pero en un momento de nervios, de la bronca que le tenía al padre, lo mató.” Es la mamá de uno de los doce menores condenados a prisión perpetua en el país desde 1999. Cuando lo detuvieron, su hijo tenía 17 años. Ahora lleva nueve detenido. En la prisión hizo varias huelgas de hambre y desde hace casi un año espera que el Estado argentino se avenga a cumplir el proceso de “solución amistosa” comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la denuncia presentada por cinco casos de condenas a perpetua a menores de edad. Aunque hubo acuerdos extraoficiales entre Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, los defensores de los chicos sostienen que el proceso está técnicamente “paralizado”. Piden la conmutación de penas y una ley de menores con topes máximos de 9 años de prisión, pero el Ministerio de Justicia aún no hizo ninguna contraoferta. En ese marco, diez prestigiosas organizaciones de derechos humanos y especializadas en infancia acaban de volver a recurrir a la CIDH. Además de la conmutación de penas y de la nueva ley, ahora exigen que los tomen como querellantes.
“Mi hijo está acusado por un delito de robo. Era la primera vez que lo detenían, vamos a decir, por una cosa de estas.” Como las otras madres, hermanos o esposas de los chicos detenidos, la mujer siguió los pasos de su hijo mientras estuvo detenido en una comisaría, cuando pasó por los institutos de menores y cuando, finalmente, inició “dos o tres veces” una huelga de hambre en el penal de Villa Devoto. “Empezó a pedir ayuda, pero todo es no”, dice su madre. “Lo veo delgado, anímicamente no muy bien y ahora yo lo veo un poco nervioso: ahí adentro estudia, lo que puede hacer lo hace, pero se lo ve como sin esperanza, eso es lo que me da miedo de él: de que no hagan nada, vamos a decir, para tratar de ayudarlo.”
Antes de que su historia se acumulara en el expediente que concluyó con la condena a reclusión perpetua, su madre estaba entusiasmada. Un juez de menores, aquel que dispuso que estaría mejor en un instituto después de la muerte del padre, le prometió devolvérselo cuando se cambiaran de barrio. “Yo estaba tratando de buscarme un terrenito para poder sacarlo. Vivía en Ciudadela, pero cuando conseguí el terreno lo detienen a él hasta el día de hoy y nunca más, vamos a decir, tuve la oportunidad de tenerlo conmigo.”
Su causa está incluida en la Petición 270 presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con otros cuatro casos, espera una respuesta desde hace prácticamente un año. En mayo, la Comisión le giró al país el estado de situación de la denuncia presentada por los abogados defensores de los menores. De esa forma, el Estado supo de la existencia de la denuncia y ofreció un espacio de negociación interna para alcanzar “una solución amistosa”. Los abogados consultados por este diario recuerdan que el proceso abierto no es una obligación del Estado sino una facultad, un compromiso que asumió a partir de la comunicación de la denuncia. “Si lo ofrece es porque entiende que la denuncia puede prosperar”, aclara Stella Maris Martínez, defensora de menores ante la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, aunque Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos y los defensores avanzan en distintos tipos de acuerdos extraoficiales, el proceso de solución amistosa está técnicamente parado. “Ni avanza ni retrocede: está paralizado –dice Martínez–. Cuando nos encontramos con los representantes del Ministerio de Justicia, nos dicen que tiene el tema en estudio. No dicen no, pero tampoco dicen sí porque ni siquiera hacen una contraoferta.” Para Martínez, la conciliación “está paralizada porque no hay ofrecimiento, sólo la voluntad de negociar de parte del Estado”. Los que intervienen saben que el reclamo de la CIDH no tiene plazos ni vencimientos. Los abogados pueden dar por cancelada la mediación en cualquier momento para que el proceso reingrese nuevamente a la Comisión para que declare “admisible” la denuncia antes de que ingrese en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de esa opción, ninguno de los consultados pretende llegar a esa instancia. Los procesos pendientes ante la Comisión y ante la Corte suelen ser complejos y demasiado largos, teniendo en cuenta a los chicos que están detenidos. Por otro lado, creen, existe una voluntad sincera de parte del gobierno nacional para que el acuerdo prospere. En el ámbito de Cancillería se están buscando, de hecho, acuerdos para la sanción de una ley. En este momento analizan dos borradores, uno propio y otro de la Secretaría de Eduardo Luis Duhalde.
La presentación mediante la figura del amicus curie presentado ante la CIDH lleva la firma de la Regional Mendoza de las Madres de Plaza de Mayo, la Liga por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Fundación Sur Argentina.
En el escrito consideran que la conmutación de penas no alcanza. “Porque los jueces conmutan las penas de prisión perpetua por una condena de 25 años de prisión, que sigue siendo todavía una locura porque la Convención sobre los Derechos del Niño privilegia los criterios de ‘excepcionalidad’ y de ‘brevedad’ en las condenas para menores”, explica Pablo Salinas, uno de los firmantes por la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina. Para Salinas, la ley tope garantiza una solución no sólo para los cinco casos que tramitan ante la CIDH, sino para el resto. Y además, evitaría “que los gobiernos provinciales con antecedentes de este tipo se pronuncien por separado”.