Por Carlos Ferreres *
El año 2001 fue particularmente duro para todos los sectores de nuestra sociedad. En ese contexto de desaliento y desesperanza, los más perjudicados fueron los colectivos más vulnerables. Entre ellos las personas con discapacidad y sus familias, quienes sufrieron no sólo la crisis, sino también la insensibilidad de quienes redujeron o directamente desactivaron los programas y las políticas públicas del área. En circunstancias tan difíciles para todos los argentinos, tener en la familia un miembro que requiera atención especial constituye una situación límite que pocos pueden afrontar, sin el auxilio oportuno y eficaz de la comunidad y el Estado. La totalidad de los programas sufrieron un recorte significativo dejando a miles de niños, jóvenes y adultos sin atención o con una notoria disminución en su calidad. El Estado siguió incumpliendo la legislación de eliminación de barreras arquitectónicas, culturales y comunicacionales, de transporte, de salud, educación, seguridad social y trabajo. No se cumple el cupo del 4 por ciento en la Administración Pública y casi todas las personas con discapacidad que trabajan en ella lo hacen por sus propios méritos y contactos, sin incidencia de la ley. La desocupación entre las personas con discapacidad en condiciones de trabajar asciende al 91 por ciento. Las obras sociales –particularmente el PAMI, al que están afiliados miles de discapacitados– incumplen sus obligaciones legales de asistencia, lo que supone un problema humano y social inédito. La discriminación que sufrimos las personas con discapacidad es un hecho constatable en el sector público y en los ámbitos privados. Se nos invisibiliza o minusvalora. En lugar de ciudadanos plenos, se nos ve como seres inferiores con derecho sólo a una asistencia insuficiente y paternalista. Los pocos que conseguimos por calificación o condiciones personales crecer profesionalmente no somos percibidos como discapacitados, lo que aumenta la invisibilidad del conjunto social que integramos. Finalmente cuando las organizaciones sociales y no gubernamentales de familiares y personas con discapacidad manifestaron pacíficamente su protesta en las calles y en la Plaza de Mayo, la respuesta del gobierno del doctor De la Rúa fue la indiferencia primero y la represión después. Con esperanza y temor, el movimiento social de personas con discapacidad mira el futuro. Deseando vivamente que el nuevo gobierno tome las decisiones adecuadas y posibilite que la justicia, en orden a lo presupuestario y organizacional, llegue al sector.
* Director Departamento de Discapacidad, Central de Trabajadores Argentinos (CTA).