La policía bonaerense sigue sin despegarse del mote de “maldita” que la persigue desde 1991, año en el que asumió la conducción el fallecido comisario Pedro Klodczyk, designado en el cargo por el entonces gobernador Eduardo Duhalde. A pesar de los cambios en la jefatura y las reformas, hoy 20.000 de sus 45.000 efectivos están con sumario administrativo por faltas menores o por estar bajo sospecha de haber cometido delitos. En los últimos cuatro años, 160 miembros de la fuerza fueron condenados por la Justicia, según datos del Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.
En 2001, los policías condenados fueron 39, entre ellos siete oficiales y 32 suboficiales. Entre los policías sumariados, un porcentaje importante está involucrado en procesos judiciales por casos de apremios ilegales, homicidios y casos de corrupción. El estigma de la Bonaerense se funda tanto en casos de gatillo fácil, como la masacre de Ingeniero Budge, en 1987, como en la sangrienta represión ocurrida el 26 de junio pasado en Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La corrupción policial tuvo picos de repercusión política como fueron el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas o la detención del comisario Juan José Ribelli junto con una docena de policías por su presunta participación en el atentado contra la AMIA. En el plano institucional, la política fue variando desde la reforma instrumentada por el ex ministro de Justicia y Seguridad León Arslanian hasta el retorno de la “mano dura” alentada por el ex gobernador Carlos Ruckauf, quien designó en el primer período de gestión, al frente del ministerio, al ex carapintada Aldo Rico.