Después de varios años de llamados de atención, recomendaciones e intimaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravísima situación en que se encuentran los presos de la Penitenciaría de Mendoza, el gobierno provincial inició la construcción del modernísimo penal Almafuerte, en Cacheuta. Antes de finalizada su construcción, ante la urgencia atrasada de cumplir con las medidas, el gobierno mendocino decidió iniciar el traslado al menos simbólico de algunos de los más de dos mil presos que saturan el penal viejo. Pero las denuncias de los trasladados de lujo fueron tan graves que ahora los presos del penal de Cacheuta fueron incluidos por la Corte Interamericana dentro de las medidas provisionales que protegen al resto. Por ejemplo, el director ordenó por seguridad practicar “tacto rectal a las visitas”.

Para empezar a cumplir con las decisiones de la Corte, el gobierno mendocino comenzó a separar condenados de procesados. A Cacheuta comenzó a enviar a los primeros. A la fecha hay 43. Pero ya con los primeros traslados se comenzaron a escuchar denuncias que indicaban que el cambio de ladrillos no necesariamente modifica el sistema. Los presos seguían encerrados 23 horas a la sombra, eran golpeados, maltratados, mal alimentados y demás. La situación provocó la intervención de la CIDH, que a fines de marzo decidió incorporar a los presos de Cacheuta a las medidas provisionales de protección dispuestas para el resto.

La medida fue acompañada por una visita de inspección de los abogados patrocinantes Carlos Varela y Pablo Salinas, y Juan Valente, representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, cumplida el 31 de marzo. El grupo visitó la Penitenciaría y el penal de Cacheuta. De la primera, Valente salió horrorizado: “Nunca vi nada igual en mi vida de abogado”, dijo. De la de Cacheuta salió preocupado: encierros de 21 horas, aislamiento permanente, falta de visitas por la distancia a los lugares de residencia de los familiares o por otros motivos.

Algunos de esos otros motivos pueden sintetizarse en las declaraciones del director del penal cuyo apellido, Puerta, no implica que se haya abierto: sostuvo que las visitas deberán someterse a revisiones anales. No quiso referirse a revisiones anuales ni se trata de un error de grafía. “Cualquier visita que tengan, aun un profesional, debe pasar por esa requisa, donde debe desnudarse. Hay una sala especial para eso. Si se duda de la visita, se le propone practicarle un tacto rectal. Si ésta se niega no se le hace –aclara Puerta–, pero no se la deja entrar.”