Lejos pero no tanto. A la hora de valuar la “favelización” porteña, ése es el diagnóstico del antropólogo Alejandro Grimson, director del Idaes, Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad de San Martín. Autor de Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos Aires, Grimson sostiene que “no somos Río” pero “el pronóstico no es bueno si el Estado no interviene”. Una reflexión en torno de los controles territoriales, la “etnicización” de la sociedad en las villas y las consecuencias actuales de la ilegalización de los migrantes durante los noventa.

–¿En que se parece esta situación a la de las favelas?

–Claramente contrasta con Río de Janeiro, donde hay espacios territoriales enteros gobernados por el narcotráfico, que además puede hasta cortar vías centrales de la ciudad. Buenos Aires está en otra situación, pero evidentemente empiezan a emerger algunos síntomas. En la 1.11.14, que es un lugar importante en plena ciudad, existe un control territorial. En otros sitios, hay disputas por ese control que pueden terminar en un control territorial. Allí donde hay organizaciones piqueteras y más desarrollo del espacio público hay otro tipo de ejercicio de soberanía. Pero el pronóstico no es bueno si el Estado no interviene.

–¿Cómo se originan estos controles?

–Está muy claro que la ausencia del Estado está antes que la intervención de un grupo y su ejercicio del poder paralegal. Porque alguien va a la comisaría y la comisaría, por ejemplo, no recibe la denuncia. Ese es el momento fundacional donde una justicia local no institucionalizada, injusta por definición, puede actuar.

–Estamos hablando de un territorio controlado en el que conviven además de una minoría de argentinos, peruanos, paraguayos y bolivianos.

–Para poder explicar el origen de estas situaciones debemos revisar lo que fue la ilegalización de los migrantes, decisiva en la configuración de este mapa. Pensemos en los que trabajan en situación semiesclava o esclava, que no cumplen con ninguna pauta legal, la condición para que eso sea posible es que no tengan residencia legal en la Argentina. Esto fue una política del gobierno argentino durante la década del noventa.

–Esa política migratoria cambió.

–Aunque cambió, quince años de exclusión producen consecuencias sociales, culturales y de prácticas delictivas que no van a ser revertidas ahora por una política migratoria exclusivamente. Legalizar a los migrantes, la política de derechos humanos y latinoamericanista no va a resolver lo que generó la política anterior en términos de grupos delictivos organizados en función de su origen nacional.

–¿Cómo se explica ese tipo de agrupamiento?

–Es cierto que los estudios antropológicos de la década del noventa ya indicaban una tendencia de lo que los antropólogos llamamos “etnicización”: a diferencia de lo que había pasado hasta los ochenta, cuando los migrantes paraguayos y bolivianos tendían a equipararse a los del interior y eran “cabecitas negras”. En esa identidad más social y de clase se disolvía un conjunto de identidades. Entonces no había peruanos porque la migración desde Perú es de fines de los ochenta. El proceso de xenofobia de la década del noventa fue generando lo contrario. Ante la escasez de recursos se los segregó por el acceso a los comedores, planes, ladrillos, trabajo. Las lealtades étnicas son consecuencias de esto.

–Entre las propias comunidades se dominan “entre paisanos”.

–La expectativa de confianza que genera una identidad en común es muchas veces una herramienta fundamental de las desigualdades internas. Quiero decir que un boliviano que trae connacionales y los pone a trabajar en una situación de semiesclavitud se está basando en al confianza que ellos tuvieron al ser justamente de un mismo origen nacional.

–¿Se soluciona con la presencia del Estado?

Si interviene el Estado, el problema es cómo lo hará. Cuando se hizo presente para frenar la explotación fue como un elefante en un bazar. Salió a clausurar talleres que abrirían veinte cuadras más allá cuando se trata de darles derechos ciudadanos a los migrantes para que se defiendan. En este caso, el mayor riesgo es que el Estado intervenga con una represión que afecte a las víctimas de esa situación de paralegalidad, de justicia particular. Debe garantizar la justicia en la vida cotidiana de esa villa y de cada una de las villas.