Las sillas vacías llevaban, en el respaldo, el nombre de cada una de las víctimas del accidente aéreo. “Sesenta y cinco sillas vacías y un país entero esperan justicia”, decía la bandera que había desplegado, detrás de los asientos, la Asociación de Víctimas de Accidentes Aéreos que se formó en Córdoba, donde vivía la mayoría de las víctimas fatales y donde residen los sobrevivientes. Las hileras de sillas obligaban a hacer un rodeo a los que ingresaban ayer a los tribunales de Comodoro Py 2002. “Los jueces tienen que encontrar las pruebas necesarias para que la actual acusación por estrago culposo se convierta en doloso”, le dijo a Página/12 Marisa Beiró, de 32 años, una de las sobrevivientes de la tragedia.

“Ellos jugaron con las vidas de las personas y eso tiene que pagarse como corresponde”, recalcó Beiró. “Yo llevo ocho años y medio de lucha, pero todavía no he logrado recuperarme. Si a los responsables les dan una pena de uno a cuatro años (por estrago culposo) es muy poco.” Sobre su situación personal, Beiró recordó que llegó a tener “el 65 por ciento del cuerpo quemado” y por ese motivo tuvo que someterse “a 45 cirugías y hasta tuve que volver a aprender a caminar”.

Sobre las responsabilidades, la sobreviviente sostuvo que “la culpa mayor es de la empresa por las condiciones en que se encontraban los aviones y por la deficiente formación de los pilotos”. Estimó que por la forma en que venía trabajando Lapa, la que ocurrió el 31 de agosto de 1999 fue “una tragedia anunciada”.

La entidad que agrupa a los afectados considera que los dos pilotos de la aeronave de Lapa, Gustavo Adolfo Weigel y Luis Adolfo Etcheverry, son tan víctimas como los pasajeros que fallecieron y los que sufrieron heridas. Los familiares distribuyeron un libro, que va por su segunda edición, que se llama Lapa 3142, Viaje sin Regreso. La publicación reconstruye la vida de las víctimas a través del testimonio de sus familiares.