Dom 17.02.2008
cash

NOTA DE TAPA

Cables pelados

Los cortes de comienzos de año se produjeron por una demanda muy fuerte debido a las altas temperaturas sumadas a deficiencias en la distribución del servicio. La causa estructural es la falta de inversión en el sector de generación, en una economía en crecimiento que necesitaría incorporar entre 1000 y 1500 megavatios por año. En 2003 y 2004, el aumento de la demanda eléc-trica estuvo motorizado por la industria, mientras que en los últimos años la tendencia se revirtió a favor del sector residencial.

› Por Natalia Aruguete

Los casi 50 mil cortes simultáneos de electricidad en Capital Federal y Gran Buenos Aires a fines del año pasado y comienzos de éste, y el nivel record de consumo alcanzado en diciembre y en enero instalaron nuevamente la discusión sobre tres cuestiones:

1. La capacidad del sistema eléctrico para atender un consumo creciente. 2. La instrumentación de una política que suponga un uso eficiente y responsable de un recurso no renovable.

3. La necesidad de realizar inversiones en los sectores de distribución y generación no sólo para salir de la crisis actual, sino para enfrentar una demanda que se irá incrementando de la mano del crecimiento económico.

Especialistas consultados por Cash insistieron en diferenciar las causas coyunturales del problema estructural del escenario energético local. Los recientes cortes se produjeron por una demanda muy fuerte debido a las altas temperaturas sumada a deficiencias en la distribución del servicio. “Los apagones parciales suceden en las ciudades más civilizadas. Porque las instalaciones nunca se pueden dimensionar para situaciones extremas. Hay una zona gris entre un exceso de clima y problemas de falta de inversión en distribución”, explicó Marcos Rebasa, integrante del Foro de los Servicios Públicos y el Petróleo.

La causa estructural es la falta de inversión en el sector de generación, sobre todo en una economía en crecimiento que necesitaría incorporar entre 1000 y 1500 megavatios por año, calculan en la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). Desde la desregulación y privatización del sector en 1992 hasta hoy se agregaron unos 11 mil megavatios de potencia al parque de generación, de los cuales casi 10 mil se concretaron en los primeros diez años y 1100 en los últimos cinco.

El mayor nivel de inversión se concentró entre 1995 y 1998, con un aumento del 25 por ciento de la potencia instalada. Entre 1999 y 2001 creció un 20 por ciento y se estabilizó a partir del último año de la convertibilidad, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Durante el mismo período, la evolución de la demanda eléctrica reflejó los vaivenes de la coyuntura económica. Entre 1992 y 1995 creció entre 6 y 7 por ciento en términos interanuales, cayó poco más del 3 por ciento durante la crisis del ’95, se recuperó en los dos años siguientes a un ritmo del 7,5 por ciento anual y comenzó nuevamente a caer hacia 2002, cuando el consumo disminuyó un 2 por ciento. “Con la recuperación de 2003 la demanda comenzó a aumentar al doble y como la oferta desaceleró el crecimiento, se llegó más rápido al límite de generación disponible”, precisó a Cash Cecilia Laclau, coordinadora de Fundelec.

La crisis de este sector se empezó a manifestar a partir de 2004, ante el agotamiento de la reserva del parque de generación y la ausencia de nuevas inversiones. “La capacidad disponible fue de 18.300 MW y la demanda pico alcanzó 17.600 MW. Es decir, un 96 por ciento de la capacidad disponible. Si una máquina saliera de servicio por algún problema impediría cubrir la demanda”, advierten expertos de la Fundación Bariloche.

El crecimiento total del consumo eléctrico en 2007 fue del 5,5 por ciento. Una cifra “moderada”, según Fundelec. Lo distintivo de los últimos años fue la composición de tal demanda. Mientras entre 2003 y 2004 el crecimiento estuvo motorizado por la industria, en los últimos años la tendencia se revirtió. En 2007, el sector residencial creció alrededor del 11 por ciento frente a poco más del 7 de la industrial. Esto se debió a una limitación de 1200 MW en la potencia de electricidad que el sistema público le entregó a este sector. También al autoabastecimiento parcial de algunas industrias entre junio y agosto de 2007, indicó Laclau.

La desaceleración en la oferta de energía eléctrica se produce por la falta de inversión en el sector de generación en los últimos años. La última central térmica de ciclo combinado de gran porte fue Genelba, que entró en servicio en 2000 y aportó 800 MW de potencia. Desde entonces no se inauguraron plantas de generación de envergadura. Hay un par que el Gobierno espera hacerlo en este año. Esa morosidad en este tipo de inversiones se debe, según Rebasa, a que “se impulsó un plan que apostó al mercado como solución de la inversión, que fracasó rotundamente. Sobre esa cuestión no se hace debido hincapié. No quiero salvar a este Gobierno del problema, pero esto viene del modelo energético instaurado en el ’90, especialmente en el sector eléctrico”.

En cambio, para Santiago Urbiztondo, investigador de Fiel, “lo que provocó una caída de la inversión fue el exceso de oferta. Si el sistema anterior siguiera vigente y si, en el camino de la recuperación económica, se hubieran dado señales de precios crecientes, eso permitiría inducir inversiones”.

Para aumentar la generación eléctrica hay una serie de proyectos en curso: dos centrales termoeléctricas en Campana y Timbúes –Belgrano y San Martín– financiadas con el Fondo para Inversiones Necesarias, la elevación de la cota de Yacyretá a 78,5 metros y la central atómica Atucha II.

Paralelamente, el flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía que apunta a lograr mayor racionalidad en el corto, mediano y largo plazo. Esta política incluye el cambio de hora oficial, el uso eficiente en edificios de la Administración Pública nacional, provincial y municipal y en las cámaras empresarias, la implementación de un plan de modernización energética para edificios públicos, el canje de lámparas incandescentes por las de bajo consumo, la extensión de planes de etiquetado y el cambio de lámparas en alumbrado público.

El objetivo es conseguir un ahorro en el consumo de potencia de 1053 MW en el corto plazo y 1330 MW en el largo plazo, estima un estudio de Fundelec. Carlos Tanides, experto de Fundación Vida Silvestre, calificó al plan de “integral”, dado que abarca todos los sectores de consumo –residencial, industrial, comercial y transporte– e incluye a todos los energéticos. “Antes, las pocas acciones que se implementaron se focalizaron en el área de energía eléctrica”, recordó a este suplemento.

Se estima que en el invierno no sólo será mayor la necesidad de electricidad sino, fundamentalmente, la de gas natural. En el primer caso, requerido como insumo de la cadena eléctrica producto del mayor nivel de actividad industrial. En el segundo, como consumo final para que los residenciales puedan atenuar las bajas temperaturas. En este sentido, la Argentina debe resolver otro frente: las posibles limitaciones que encuentre Bolivia para entregar gas a la Argentina más allá del acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2006. Al respecto, esta semana se realizará una cumbre tripartita en Buenos Aires con los presidentes de Argentina, Bolivia y Brasil para ordenar el abastecimiento del gas boliviano.

Por su parte, Ernesto Feilbogen, de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ-CIM), opinó que si bien suele vincularse el desarrollo económico con un mayor consumo energético, el ritmo de aumento de tal demanda no tiene por qué ser similar a la marcha del crecimiento de la economía. “La eficiencia energética es el mejor instrumento para introducir modificaciones culturales y tecnológicas y así mejorar el desempeño energético de la economía en su conjunto y cumplir con las metas de crecimiento, pero atenuando los requerimientos energéticos asociados”.

Otro aspecto relacionado con la eficiencia energética promovido por la GTZ es la cogeneración de energía (térmica y eléctrica), que permite al sector privado cubrir sus requerimientos energéticos con saldos exportables de energía eléctrica que pueden ser desviados a la red pública. Esto es reconocido como el mecanismo más eficiente para aprovechar recursos primarios de energía y, según datos de la GTZ, el país cuenta por esa vía con un potencial cercano a los 2000 MW, equivalente a tres centrales nucleares.

Los diagnósticos de eficiencia hechos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en varias industrias muestran que es posible alcanzar de 10 a 35 por ciento de ahorro. Una cifra importante para un sector que consume un tercio de la energía total del país. “La forma más valiosa para promover las mejoras es definir un certificado de eficiencia que les asegure a las empresas provisión de insumos críticos en momentos de escasez y/o una bonificación en el precio del insumo”, señaló Mario Ogara, director del Centro de Investigación para el Uso Racional de la Energía de ese organismo.

Por su parte, Vida Silvestre realizó un estudio en 2006 sobre los alcances de aplicar una política eficiente en materia energética. El documento indica que con programas de información y educación, planes de desarrollo tecnológico, trasformaciones de mercado e incentivos económicos, en el año 2020 se podría lograr un ahorro de energía eléctrica de 24 a 46 por ciento en los hogares, del 27 al 50 por ciento en los sectores comercial y público y de 11 a 14 por ciento en la industria.

Otro aspecto sensible que está actualmente en discusión es si un aumento tarifario contribuiría a un uso eficiente. Varios expertos critican la actual estructura tarifaria del ’90, que sigue el principio de costo marginal: cuanto más se consume, menos se paga y donde el 80 por ciento de la tarifa son costos fijos y el 20 por ciento restante, variables. Con esta lógica, las tarifas eléctricas vigentes no alientan el uso eficiente de la energía. Para Ogara, “un aumento de precio reduciría el consumo sólo de los más pobres. El resto de los consumidores residenciales seguramente no modificaría sensiblemente sus hábitos. Las industrias trasladarían el costo a precios en numerosos casos. Otra vez, la factura la pagarían los consumidores finales, especialmente los más pobres”.

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