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Por Fernando Krakowiak

La recesión económica provocó una caída brutal en la recaudación de la provincia de Buenos Aires que hace peligrar la prestación de los servicios de educación, salud y asistencia social. Entre 1997 y 2001, los ingresos cayeron de 10.402 a 7800 millones de pesos y el déficit se incrementó de 530 a 2565 millones. El gobierno bonaerense se había acostumbrado a cubrir el rojo en sus cuentas con líneas de crédito externas que hicieron crecer la deuda pública de 1212 a 7835 millones de pesos durante el mismo período. Sin embargo, hace varios meses los acreedores optaron por cerrar el grifo y forzar un default que se terminó de sincerar en enero. Para evitar el colapso, la gobernación decidió cambiar de prestamista. Los acreedores externos fueron reemplazados por empleados públicos que se vieron obligados a ceder parte de su sueldo a cambio de un bono. La Legislatura autorizó la emisión de 1570 millones de patacones y la semana pasada el gobernador Felipe Solá anunció que enviará un proyecto de ley para ampliar ese techo. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de implementar un recorte del gasto público cercano a los 2500 millones de pesos en lo que constituye un paradójico intento por superar la crisis profundizando las políticas que la generaron.
La caída de la recaudación se debe fundamentalmente a la parálisis de la economía. El 55 por ciento de los recursos propios provienen del impuesto a los Ingresos Brutos. Un gravamen regresivo que está vinculado directamente con el nivel de actividad en una provincia donde la producción está congelada desde hace varios meses. La debacle fiscal se potenció también por la disminución de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que obtiene la provincia. En el 2000, los gobiernos provinciales acordaron con el Estado un piso de 1300 millones de pesos en concepto de coparticipación independientemente de lo que se recaudara. Sin embargo, en noviembre del año pasado la Nación aplicó un recorte del 13 por ciento que ahora será mayor al eliminarse el piso en el reciente Pacto Fiscal.
La recesión económica también produjo un aumento de la evasión. Dante Sica, director Ejecutivo del Centro de Estudios Bonaerense, afirmó a Cash que “ante la creciente incertidumbre la gente opta por bienes de consumo necesario o dólares antes que por el pago de impuestos”. Desde la gobernación anunciaron hace pocos días que quienes están en condiciones de abonar Ingresos Brutos verán retenida una porción del dinero que acrediten en cualquier banco ubicado en la provincia, monto que podrán descontar cuando abonen el correspondiente tributo. En Economía afirmaron a Cash que “esta medida servirá para capturar algunos peces gordos que no están pagando los impuestos”.
Si bien el Presupuesto 2002 todavía no se presentó, en la Legislatura afirman que el recorte podría llegar a los 2500 millones de pesos. Desde hace varias semanas, la oposición legislativa viene realizando encuentros con diversas organizaciones sociales para gestar una propuesta alternativa. Afirman que un nuevo recorte del gasto público volvería explosiva la situación de la provincia, pues sólo en el conurbano bonaerense la pobreza alcanza al 51,7 por ciento de la población. En diálogo con Cash, el presidente del Bloque del Frente Grande, Alejandro Mosquera, cuestionó a Felipe Solá por insistir con el ajuste en lugar de presionar a los que más tienen. “El Gobierno debería aumentar la alícuota de Ingresos Brutos a las explotaciones de petróleo, sancionar a los que viven en mansiones y pagan el Inmobiliario como si tuvieran un baldío y exigirles a los principales deudores del Banco Provincia que paguen lo que deben”, aseguró.
Mientras se discute cómo seguir, la opción inmediata para escaparle al abismo sigue siendo la emisión de patacones casi como única alternativa. Hasta el momento, los patacones contuvieron el estallido social al circular exitosamente sin desvalorizarse, pero dejaron a la provincia presa de un círculo vicioso que pareciera ser la antesala de un caos inevitable. Si el Gobierno decide aumentar el circulante de bonos para impulsar la reactivación, la desvalorización del patacón quedaría sellada. Pero si los patacones se limitan sólo a reemplazar el faltante de circulante, la reactivación no llegará nunca y la posibilidad de rescatar los bonos en 2006 será prácticamente imposible. El dato no es menor, pues a partir del mes próximo el sueldo de los empleados públicos y las jubilaciones se pagarán 100 por ciento en patacones.