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Por Roberto Navarro

Está por comenzar otra pelea de fondo para el Gobierno: la renegociación de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Si se autoriza a las empresas a aumentarlas, esa suba realimentará la inflación y deprimirá aún más los ingresos de la población. Para evitar el ajuste, las empresas reclaman la licuación de sus pasivos externos y la posibilidad de seguir importando insumos con un dólar 1 a 1. Es decir, cargar la devaluación sobre las cuentas del Estado. Si el Gobierno no accede a esos reclamos, las empresas quieren trasladar el aumento de costos a las tarifas, lo que significaría un ajuste promedio del 25 por ciento.
Durante diez años las privatizadas tuvieron utilidades que triplicaban los promedios internacionales. Pero la devaluación impactó fuertemente en su negocio porque gran parte de sus insumos son importados y porque están fuertemente endeudadas en el exterior. Si no aumentan las tarifas, perderían esa rentabilidad extraordinaria. En el Gobierno conviven dos posiciones. Un sector dice que las privatizadas deben compensar a la sociedad por las ganancias excepcionales que obtuvieron en el pasado, congelando las tarifas por un año sin pedir nada a cambio. Otro sector quiere negociar una tregua tarifaria ofreciendo a las empresas la posibilidad de que realicen menores inversiones asegurándoles que seguirán operando en mercados monopólicos.
Cash tuvo acceso a un estudio realizado por Flacso que revela que, en diez años, las privatizadas ganaron 9000 millones de dólares extras por indexar las tarifas por la inflación de Estados Unidos, cuando la Ley de Convertibilidad prohibía cualquier tipo de indexación. Durante una década las utilidades de las compañías de servicios públicos privatizados superaron largamente las del resto de las empresas nacionales y las que obtienen esos mismos grupos en sus países de origen. Entre 1993 y el 2000 las 200 empresas más grandes del país ganaron 28.441 millones de dólares. El 57 por ciento de esas utilidades quedaron en las arcas de 26 compañías privatizadas; otro 26,3 por ciento lo acapararon 33 empresas vinculadas a privatizadas y apenas el 16,3 por ciento lo ganaron 141 empresas que no tenían relación con ese sector. En el último lustro, mientras la economía registró una deflación del 4 por ciento, los servicios públicos aumentaron un 22 por ciento. Las tarifas eran tan altas que produjeron una enorme transferencia de recursos de particulares y empresas hacia las compañías privatizadas. Según el Indec, los servicios públicos participan en el 12 por ciento de los gastos de una familia de ingresos medios y en el 18 por ciento de los costos industriales.
Pero la devaluación alteró ese escenario. Las tarifas, que hasta diciembre se contaban entre las más altas del mundo, ahora quedaron baratas en dólares. A la vez, la recesión redujo fuertemente el consumo y elevó la morosidad a un promedio superior al 25 por ciento. Un funcionario de confianza del ministro de Economía aseguró a Cash que varias de ellas amenazaron con irse del país y demandar al Estado si no se les permite adecuar sus tarifas al nuevo tipo de cambio. En los primeros días de enero, con un gobierno recién asumido, Remes Lenicov incluyó en la Ley de Emergencia Económica un artículo que señala que “se mantiene vigente la prohibición de todo tipo de actualización monetaria o indexación”. La intención del ministro era recordarles a las privatizadas que una demanda contra el Estado no prosperaría. Los decretos que permitieron la indexación de las tarifas ya fueron cuestionados en varios fallos judiciales por violar la convertibilidad.
Pero el lobby de las compañías, apoyadas por las respectivas cancillerías de sus países de origen, fue convenciendo a parte del Gobierno sobre la conveniencia de negociar de otra manera. El martes pasado, por ejemplo, el presidente de Aguas Argentinas fue a ver al viceministro de Economía, Jorge Todesca, acompañado por el embajador francés para reclamar un seguro de cambio para las deudas de la empresa. Las compañías quieren mantener su rentabilidad pero saben que es inviable trasladar la devaluación a precios. La morosidad viene creciendo muy fuerte: en telefonía llega al 40 por ciento y en agua al 30 por ciento. Por ese motivo, la primera propuesta fue eliminar los efectos de la devaluación pidiendo al Gobierno un seguro de cambio 1 a 1 para sus deudas externas y para importación de insumos. A su vez, para enfrentar la creciente morosidad, pidieron la implementación de tarifas sociales para los consumos más bajos, financiados con un subsidio estatal y un pequeño adicional para el resto de los clientes.
El equipo económico ya les hizo saber que la idea del seguro cambio es política y económicamente inviable. El Gobierno creó una comisión con funcionarios de las áreas relacionadas para discutir sector por sector. Con las telefónicas las negociaciones han empezado. Las empresas aceptan mantener las tarifas congeladas por un semestre a cambio de cerrar la competencia con nuevos jugadores en telefonía local y limitar el nivel de competencia en llamadas internacionales. A partir de setiembre las telefónicas comenzarán a trasladar una parte de la inflación a sus tarifas. El decreto de desregulación de las comunicaciones sancionado en el 2000 preveía que a partir del presente año Telefónica y Telecom debían alquilar sus redes a precios regulados por el Estado a las compañías que quisieran ofrecer el servicio de telefonía local. Los especialistas estimaban que la competencia bajaría las tarifas aproximadamente un 20 por ciento. Ahora, a cambio de un congelamiento temporal, el Gobierno resigna la posibilidad de contar con un mercado competitivo. A su vez, se suspenderá el uso del sistema multicarrier, que debía implementarse a partir de este mes, por el cual los clientes hubieran podido elegir una compañía distinta para cada llamada de larga distancia con sólo marcar un prefijo. Las telefónicas también pidieron un subsidio estatal para seguir atendiendo las zonas no rentables.
Las compañías de electricidad, Edenor, Edesur y Edelap, se resisten a aceptar una tregua tarifaria de seis meses. En febrero suspendieron un aumento estacional del 5 por ciento y en mayo pensaban aplicar otro ajuste. Hasta el momento están plantados en congelar tarifas por un trimestre y a partir de ahí trasladar los aumentos postergados más un sistema de indexación atado a la inflación mayorista. También reclamaron, como condición para no dolarizar directamente sus tarifas, que el Gobierno deseche definitivamente el proyecto elaborado por el ex ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, que abría el mercado residencial a la competencia.
Las comercializadoras de gas son las que más se resisten a pesificar las tarifas y siguen exigiendo un seguro de cambio que les licue sus deudas externas como la única manera de mantener el actual esquema tarifario. En el Gobierno confían en que terminarán aceptando algún sistema de indexación por inflación. A cambio de una tregua les ofrecen la postergación de algunas de las inversiones previstas en los contratos.
Aguas Argentinas envió a la Secretaría de Energía una carta exigiendo una serie de compensaciones como condición para “no afectar a corto plazo en grado sumo la prestación de servicios de ocho millones de habitantes”. Entre las exigencias se destacan el reclamo de un seguro de cambio, la suspensión de inversiones y la compensación de impuestos por los aumentos de tarifas que no se aplican por haberse pesificado. La contrapropuesta oficial es aceptar la postergación de inversiones (que son necesarias para brindar agua y cloacas a amplias franjas de la población que aún carecen de servicios tan imprescindibles) e implementar un sistema de indexación de tarifas.
Si las privatizadas trasladaran el incremento de costos de producción y financiación que significó la devaluación, las telefónicas deberían aumentar sus tarifas alrededor del 30 por ciento, las compañías de electricidad y gas un 25 por ciento, y la de agua un 15 por ciento. Para rediscutir los costos desde cero, el Gobierno necesitaría equipos técnicos y varios meses de trabajo, además de decisión política. La postergación de inversiones, la restricción de competencia y la implementación de sistemas de indexación por inflación mantendrían los privilegios que las compañías supieron conseguir en los noventa.