Por Julio Nudler

La primera regla a seguir es no legislar beneficios (laborales) que la productividad y las condiciones del mercado (de trabajo) no permiten sostener”. Esto afirma Pablo Brassiolo en un estudio de Ieral-Fundación Mediterránea sobre los determinantes de la informalidad. Según sugiere su análisis de la cuestión, los empleadores remuneran a cada trabajador con un salario equivalente a su productividad. Tal el supuesto en base al cual construye sus deducciones. Ahora bien; como la productividad es muy baja en las situaciones características de la informalidad (empresas pequeñas, mano de obra poco calificada, etc.), las retribuciones deben ser igualmente reducidas. Cualquier pretensión gubernamental de mejorarlas –según Brassiolo–, ya sea en su componente salarial como extrasalarial (contribuciones, indemnización por despido, etc.), implica pretender un imposible: que el costo laboral supere a la productividad. Ante esto, la empresa no tomará al trabajador, o lo conchabará en negro. La recomendación del economista mediterráneo es “evitar medidas que encarecen el costo de un empleo formal, como incrementar los básicos de convenio o mantener elevados costos de despido”.
De acuerdo a Ieral, “las regulaciones laborales tienden a segmentar el mercado, protegiendo a aquellos trabajadores que menos lo necesitan (con mayor capital humano y por lo tanto mayores ingresos)”. Brassiolo destaca que la informalidad laboral afecta proporcionalmente más a los trabajadores menos productivos: los de menor educación, los que se desempeñan en actividades primarias, construcción o servicio doméstico, y los empleados en empresas chicas, que cuentan con una menor dotación de capital por trabajador.
Todo esto significa que “existe una estrecha relación entre la probabilidad de estar al margen de las regulaciones laborales y un bajo nivel de productividad”. Como las regulaciones del mercado de trabajo provocan un diferencial entre el costo de un puesto formal y otro informal, generan un incentivo a contratar trabajadores informales. Según calcula Brassiolo, tener un trabajador en blanco cuesta 71 por ciento más. En este sentido, le reprocha al Gobierno una contradicción: mientras por un lado manifiesta su intención de luchar contra el empleo en negro, toma por otro medidas que elevan aún más el costo de un puesto formal de trabajo.
Esas medidas, presuntamente contradictorias, consisten en haber incorporado al salario básico de convenio los adicionales no remunerativos; en mantener hasta final de año la doble indemnización por despido, que en épocas de reactivación trabaría la creación de empleos, y en haber establecido un cronograma de aumento gradual del salario mínimo, que lo ubica en 300 pesos a partir de diciembre. Regulaciones como éstas, según supone Brassiolo, explican el avance de la informalidad laboral, que ya sufren el 45 por ciento de los asalariados, excluidos del sistema de seguridad social.
Obviamente, si se eliminaran las “regulaciones” del mercado de trabajo con el propósito de no aumentar los costos del empleo formal, lo que en realidad se conseguiría es acercar las condiciones del mercado en blanco a las que imperan en el mercado en negro. Sería una manera de aceptar que la informalidad, con todas las características que la rodean, marca la pauta de lo económicamente posible, al menos en los sectores de menor productividad relativa.
Un supuesto no explicado en el análisis de Brassiolo es la equivalencia entre salario y productividad. En condiciones de alto desempleo, quizá sea razonable presumir que las retribuciones caen por debajo de la productividad del trabajador. Por otro lado, si ese mismo supuesto valiera para toda la economía, tampoco los sectores de alta productividad (empresas grandes, con fuerte dotación de capital) estarían en condiciones de afrontar los sobrecostos laborales determinados por las regulaciones.Todo lo que dice el autor es que la informalidad se concentra en ocupaciones de muy baja productividad por el hecho de que en ellos ésta no es suficiente para compensar el costo mínimo que implica un empleo formal. “Cuando esto ocurre -puntualiza-, el empleador tiene dos alternativas: no contratar al trabajador, o contratarlo por afuera de la legislación laboral, pagándole el valor de su productividad.”
En relación al Plan Nacional de Regularización del Empleo, lanzado por el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y de la AFIP, el Ieral admite que intensificar la fiscalización y aumentar las penas aplicadas a las empresas que incumplen las normas son medidas que incrementan los costos de la evasión y por tanto la desalientan. Sin embargo, “esto puede resultar en un blanqueo de trabajadores, en una destrucción neta de puestos de trabajo o en una combinación de ambas cosas”.