Las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPA) impulsan en estos días la creación de una Caja de Prestaciones Sociales y una Caja de Previsión Social, pretendiendo que unos 45.000 abogados afiliados al CPA en lugar de pagar autónomos y la obra social de su elección, paguen forzosamente a estas cajas un porcentaje de sus honorarios. No sólo de los honorarios que efectivamente cobren, sino de los que deberían haber cobrado, sea por llevar juicios o por cualquier otra actividad profesional. Y establece también contribuciones obligatorias por parte de quienes requieran determinados servicios. En el caso de los juicios ambas cajas se llevarán cerca del 7 por ciento del monto de la demanda, lo que incrementará los costos en tal porcentaje.
¿A quiénes beneficiará esta medida?
n A las autoridades del CPA, que como cualquier sindicalista que se precie mueren por aumentar los fondos que administran y puestos de trabajo que distribuyen, lo que, en el mejor de los casos, les permite crear un aparato burocrático que los perpetúe en el poder.
n A los abogados que no ejercen o que lo hacen “en negro”, pues aportando lo mínimo disfrutarán, en el improbable caso de que no se pierdan los fondos administrados por las cajas, de una “jubilación de privilegio”.
n A los estudios internacionales que, para no aumentar los costos a sus clientes, asignarán abogados argentinos a oficinas en el exterior, desde donde asesorarán a las grandes empresas sin pagar ni estas cargas ni impuestos que hasta ahora pagaban.
¿A quiénes perjudicará esta medida?
n A los pequeños y medianos clientes, personas físicas o empresas, que no podrán llevar sus asuntos a otras jurisdicciones donde no se paguen estas cargas.
n A los abogados que ejercen la profesión en forma independiente, pues al incrementarse los costos y los honorarios, sus clientes no podrán afrontarlos y además porque muchas de las grandes compañías abandonarán la jurisdicción de Buenos Aires, por lo que los pleitos, posiblemente, se llevarán en el extranjero.
n A la administración de justicia pues la participación de las cajas en los procedimientos multiplica y retrasa las actuaciones procesales, además de complicar los acuerdos extrajudiciales.
n Al fisco porteño y al nacional, pues al disminuir la actividad profesional en la ciudad en beneficio de jurisdicciones off shore, en las que se puede asesorar o pleitear sin pagar semejante tasa, sufrirán una merma en la recaudación.
A nadie escapa que a los diputados que, desinteresadamente, hacen tal gauchada a las autoridades del CPA, les vence el mandato a fin de año y que la inmensa mayoría no han sido reelegidos, por lo que tratan que se les deba favores. Ni que los aportes compulsivos que se hagan a estas cajas serán totalmente contrarios al espíritu del discurso inaugural del presidente Kirchner, en el que éste adelantara su lucha contra las corporaciones.