Por Fernando Krakowiak

La recomposición salarial impulsada por el Gobierno volvió a dejar afuera a los empleados públicos, quienes permanecen con sus ingresos congelados. Entre los perjudicados se encuentran médicos, docentes, militares, policías, administrativos, investigadores del Conicet, técnicos del INTI, del INTA y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En muchos casos sobresalen por su alto grado de calificación y la importancia social de sus tareas. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, justificó la decisión de aumentar sólo a jubilados y trabajadores privados al afirmar que los estatales pueden esperar porque “tienen salarios más altos”. El argumento fue más allá de la restricción presupuestaria al introducir un criterio de equidad. “La realidad indica que hay mucha más postergación en el sector privado que en el público”, aseguró el funcionario. Si se observan los promedios salariales el dato es incontrastable. Según un informe reciente de la CTA, los 250 mil empleados de la administración nacional cobran en promedio 1272 pesos por mes, mientras que en el sector privado apenas 594 pesos, que llegan a 808 pesos si se contabiliza sólo al sector formal beneficiario del aumento. No obstante, la distribución al interior del sector público evidencia una desigualdad notable. El 50 por ciento de los trabajadores gana en promedio 695 pesos mensuales, mientras que apenas el 1 por ciento cobra más de 5500 pesos. El cálculo no contempla la situación crítica que atraviesan los docentes y los trabajadores de la salud porque dependen de provincias y municipios, lo cual hace suponer un ingreso promedio aún menor para la mayoría de los estatales.
La comparación de ingresos planteada por el Gobierno es problemática porque los niveles de capacitación y los objetivos que imperan en el sistema estatal y en el privado son diferentes. En el ámbito privado los asalariados compiten en el mercado. Mientras que el Estado tiene por objetivo garantizar el bien común a partir de la provisión de los servicios de educación, salud, seguridad y la regulación de las actividades del sector privado. En el Estado se conservan ciertas pautas de estabilidad laboral que en el sector privado son residuales debido al mayor avance de las políticas de flexibilización. Los grados de calificación que se requieren también varían y en muchos casos las capacidades son mayores en el Estado. Pues si bien es cierto que el nivel de prestaciones se deterioró debido a las restricciones presupuestarias y al uso clientelar de una parte de los recursos públicos quienes permanecieron en la estructura estatal son médicos, docentes y empleados de cuello blanco que conforman la burocracia. Norberto Ivancich, subsecretario de Gestión Pública afirmó a Cash que con los retiros voluntarios “no se fueron los mejores sino los que vieron la posibilidad de obtener una buena diferencia económica. El estereotipo de la empleada pública de Gasalla no es generalizable. La administración cuenta con personal calificado”, aseguró Ivancich.
Al interior del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa) el 32,4 por ciento de los agentes cuenta con estudios universitarios o terciarios. El porcentaje de profesionales alcanza al 88 por ciento en el primer nivel del escalafón, al 78 por ciento en el segundo y al 63 por ciento en el tercero. Los 24.722 empleados que integran el Sinapa se desempeñan como personal de planta en ministerios y organismos descentralizados. El 5 por ciento ocupa “funciones ejecutivas críticas” con sueldos que llegan hasta 5580 pesos, pero el 61,6 por ciento de los trabajadores gana en promedio 715 pesos por mes. En teoría los empleados públicos están en condiciones de ascender en el escalafón hasta ocupar “cargos críticos” como direcciones nacionales o coordinaciones generales porque no son puestos políticos. Pero diversas fuentes afirmaron a este suplemento que la asignación de los cargos se termina definiendo deacuerdo a lealtades partidarias y se renuevan automáticamente sin llamar a concurso.
Entre los contratados de la administración pública los honorarios son mejores. En el 2002 las personas contratadas fueron 11.233. Un coordinador general puede llegar a cobrar 6267 pesos, pero el 69 por ciento de los contratados gana 832 pesos en promedio con niveles de calificación superiores a los del personal de planta. El 57 por ciento cuenta con título universitario. Muchos contratos se vienen renovando desde 1992, lo cual indica la existencia de una relación de dependencia encubierta que le permite al Estado tener personal sin pagar obra social, jubilación, aguinaldo, vacaciones y otra serie de beneficios sociales. Apenas el 40 por ciento de los contratos se firman por 12 meses, situación que agudiza la inestabilidad del trabajador. En el Ministerio de Economía los contratados representan el 50 por ciento de la dotación permanente y en el Ministerio de Desarrollo Social son más del doble que el plantel fijo.
La situación de los empleados públicos es mucho más crítica en las provincias. El salario de bolsillo promedio de los docentes primarios de todo el país es de apenas 372 pesos. Si el promedio excluye a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los docentes ganan más pero son muy pocos, el salario de bolsillo cae a 340 pesos. En la provincia de Buenos Aires, el 75,8 por ciento de los 210 mil docentes quedaron por debajo de la línea de pobreza luego de la devaluación. Los incentivos para progresar en la carrera son bajísimos. Una maestra que ingresa al sistema educativo cobra 334 pesos de básico y si conserva el cargo durante 25 años sólo puede llegar a incrementar su salario en 230 pesos. El secretario general de Suteba, Hugo Yasky afirmó a Cash que “las condiciones salariales vigentes han convertido a los docentes en pobres de guardapolvo blanco”.
En el sector de la salud la situación es similar. En la provincia de Buenos Aires trabajan 26 mil médicos, la mitad depende de la provincia y la otra mitad de los municipios. Un profesional con especialización en pediatría está ganando cerca de 900 pesos por 36 horas de trabajo semanal. A su vez, un jefe de servicio, máxima responsabilidad técnica dentro de la escala salarial, cobra 1400 pesos, luego de los descuentos que aplicó el gobernador Felipe Solá por la ley de emergencia económica. A su vez, la provincia tiene contratados a 2000 médicos hospitalarios como “becarios asistenciales” desde hace 15 años, sin aportes jubilatorios ni obra social, que cobran entre 400 y 900 pesos de acuerdo a la carga horaria.
Desde la devaluación, el poder adquisitivo de los empleados públicos se redujo en un 26,9 por ciento. La opción de señalar diferencias entre el sector público y el privado para justificar el congelamiento salarial no parece la mejor estrategia en un contexto de empobrecimiento generalizado que incluye a una amplia porción de los estatales. Si la intención es rejerarquizar la función pública la discusión salarial será inevitable. De lo contrario se corre el riesgo de que la situación crítica de muchos trabajadores termine conspirando contra los objetivos de mejora del Estado.