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Por Marcelo García *

Los capitales petroleros surgen como los mayores beneficiados de la gestión del Gobierno. El último dato que trasunta esa relación privilegiada entre Kirchner y las petroleras es el reciente aumento en el gas y la electricidad. Se deben sumar los magníficos dividendos obtenidos por las petroleras, que van de la mano junto con el beneficio de no tener que liquidar en el mercado interno el 70 por ciento de las exportaciones.
Por más que se diga que los incrementos no afectarán a los sectores de menores recursos, nadie puede asegurar que los aumentos en el gas y la electricidad no repercutirán en los consumidores. Las variaciones en los valores del gas en boca de pozo eran uno de los reclamos más insistentes de las multinacionales del sector, los que se escucharon nuevamente en el último viaje de Kirchner a España. Tras reunirse con el titular de Repsol YPF, Alfonso Cortina, y con los reyes de España, a una semana del regreso, el Gobierno anunció esos incrementos tarifarios.
El aumento en el precio del Gas Natural Comprimido se convierte en uno de los pocos rubros faltantes donde las compañías petroleras anhelaban una suba. Luego que se dispararan los valores en el 2002 de las naftas y el gasoil, muchos transportistas (transportes livianos, fletes, taxis y remises) y automovilistas particulares se volcaron al GNC, producto de su bajo costo.
La situación en el ámbito hidrocarburífero desentona profundamente con los discursos altisonantes esbozados por la administración Kirchner contra las privatizadas. Luego de haber planteado “revisiones” de contratos de las prestatarias de los servicios públicos, de suspender la concesión del Correo Argentino, en el petróleo y el gas nada ha realizado.
En realidad, Kirchner no hace más que mantener la concepción menemista de los recursos naturales como bienes transables comercialmente y lejos está de considerarlos bienes estratégicos para el Estado. Ni que hablar, más allá de los coqueteos, de intentar avanzar en la creación de una compañía petrolera latinoamericana (incluyendo, entre otros, a Venezuela, Brasil, Ecuador y la Argentina) tal como lo planteó el presidente venezolano Hugo Chávez.
El integrante del Grupo Moreno, Gustavo Calleja, sostiene que la política de la actual administración queda en evidencia con “el ingreso privilegiado al despacho presidencial de los máximos ejecutivos de Repsol YPF y de Petrobras. De esa relación no es ajena la reciente firma del Decreto 456 que dispone la cesión a las provincias de las áreas no explotadas, ni a las manifestaciones presidenciales que, tergiversando claras disposiciones constitucionales e invocando un falso y exacerbado federalismo, aboga por la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos”.
Para comprender parte de lo que hoy está aconteciendo con las compañías petroleras extranjeras hay que retrotraerse hasta principios de la década del ‘90, cuando el entonces gobernador de Santa Cruz (Néstor Kirchner) fue uno de los grandes promotores del proceso privatista y se convirtió en una pieza clave de la entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El 24 de septiembre de 1992, el Congreso sancionó la Ley 24.145 que desguazó la primera petrolera estatal de América latina, pero para conseguirlo hizo falta la presencia de un diputado nacional proveniente de la zona santacruceña.
Otro de los componentes que expone con contundencia quiénes son los grandes beneficiados del actual modelo político-económico son las abultadas ganancias que han obtenido desde la devaluación los sectores exportadores y, en particular, las petroleras. Además, hay que sumarles los beneficios otorgados por las administraciones de Duhalde y Kirchner para poder llevarse al exterior el 70 por ciento de las exportaciones.
La administración Duhalde introdujo, en enero del 2002, las retenciones a las exportaciones a través de la Ley 25.561 que gravó las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados. El especialista en temáticas petroleras y miembro del Moreno, Félix Herrero, explicó que “si el dólar se mantuviera a 3 pesos y si se quisiera hacer una retención similar a la de 1967, la retención actual a los hidrocarburos debería haber alcanzado el 40 por ciento. Por ello es que varios analistas consideraron que la retención establecida en la reglamentación de la Ley de Emergencia resultaba exigua”. Buena parte de los excelentes resultados financieros obtenidos por las petroleras en los últimos años están relacionados con las exportaciones, rubro donde la devaluación las ha favorecido de manera más que notoria.

* Investigador del Centro Regional de Estudios Económicos de la Patagonia Central.