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La precariedad laboral y la falta de derechos no es un problema exclusivo de los trabajadores del sector privado. El Estado nacional, las provincias y los municipios utilizan formas de contratación flexibles para incorporar personal en ministerios, organismos descentralizados, hospitales, escuelas, universidades y juzgados. Los contratos de locación de servicio y de obra, las asistencias técnicas, las becas, las pasantías y las prácticas meritorias gratuitas suelen ser las modalidades más comunes para ingresar al Estado desde la década del ‘90. Los contratos son legales, pero su utilización abusiva por parte de las autoridades de las distintas dependencias los convirtió en un escándalo de un Estado que no predica con el ejemplo. El gobierno nacional se manifestó dispuesto a revertir la situación, pero las medidas han sido escasas. En la administración pública nacional hay cerca de 20 mil contratados que en algunos casos tienen más de diez años de antigüedad y en la Universidad de Buenos Aires casi 20 mil docentes trabajan gratis. Situaciones precarias similares se repiten entre los médicos, los judiciales y los maestros.

Administración pública nacional
El Estado nacional emplea 19.164 personas por contrato, según datos de mayo de 2004 difundidos por el Ministerio de Economía. El 58,5 por ciento cobra menos de 1000 pesos y en muchos casos se desempeñan en el mismo puesto desde 1992, lo cual indica una relación de dependencia encubierta que le posibilita al Estado tener personal sin pagar jubilación, obra social, aguinaldo, asignaciones familiares y antigüedad. En algunos ministerios, el personal contratado supera al de planta. En Desarrollo Social, según datos suministrados a Cash por la Asociación de Trabajadores del Estado, hay 297 trabajadores permanentes y 1528 contratados, mientras que en el Ministerio de Trabajo hay 1030 permanentes y 1100 contratados bajo diversas modalidades. La cantidad de 194 está contemplada en la escala salarial del decreto 1184/01; 611 son contratados financiados con recursos provenientes de organismos financieros multilaterales; 61 son pasantes; 32 forman parte de la planta transitoria y 181 son asistentes técnicos que ingresaron a partir de un convenio firmado con la Facultad de Ciencias Económicas. En la estratégica Secretaría de Empleo trabajan 517 personas, pero sólo 42 son permanentes.
Según un informe de la CTA, el pase a planta del personal contratado, conservándoles el salario de bolsillo, le implicaría al Estado nacional un incremento anual de los gastos corrientes de 107,5 millones de pesos, equivalente al 1,9 por ciento de los fondos provenientes del superávit fiscal, depositados en el Banco Nación a junio de este año. El presidente Néstor Kirchner prometió en un acto realizado en marzo de 2004 incorporar a los contratados a la planta permanente. Sin embargo, por ahora, la situación permanece sin cambios. Alejandra Giménez, coordinadora de la Comisión de Regularización de Empleo de ATE, informó a Cash que “lo que se hizo en algunas dependencias fue reconocerles los derechos laborales a unos pocos trabajadores, pero sin otorgar estabilidad en el cargo”. Norberto Ivancich, subsecretario de la Gestión Pública, afirmó a Cash que las limitaciones para pasar a los contratados a planta no sólo son presupuestarias, porque “cada escalafón tiene previsto su sistema de selección y en todos los casos se prevén modalidades que garanticen la igualdad de acceso para todos”.

Hospitales
Entre los trabajadores de la Salud, la situación más crítica la padecen quienes se desempeñan en la provincia de Buenos Aires. Según un relevamiento realizado por la Asociación Sindical de Profesionales de laSalud, cerca de 7000 médicos trabajan en condiciones precarias en hospitales municipales y provinciales. En los centros de atención primaria de la provincia, hay 1020 médicos bajo la figura de becarios pese a tener una antigüedad de entre 5 y 15 años. La becas “Salud con el Pueblo” fueron creadas en 1989 para reforzar la delicada situación social que atravesaba la provincia. Desde entonces, los trabajadores continúan con un contrato que se renueva anualmente sin aportes jubilatorios, antigüedad, aguinaldo ni asignación familiar. Fernando Corsiglia, médico del Centro de Atención Primaria Carolina II de Florencio Varela, afirmó a Cash que está contratado como becario pese a trabajar 36 horas por semana desde enero de 1993. Una situación similar viven 187 médicos del Hospital Provincial Evita Pueblo de Berazategui, los cuales firman un contrato de locación de servicio que se renueva cada seis meses desde que el hospital se inauguró en 1995.
En el resto de los hospitales provinciales, figuran 389 médicos interinos en condición laboral precaria que el gobierno de la provincia prometió titularizar y otros 300 médicos de guardia que ni siquiera tienen nombramiento y cobran su sueldo en recibos de terceros. En los hospitales municipales, las condiciones son peores. En los 215 centros de baja complejidad y las 1500 unidades sanitarias que poseen los municipios, cerca de 5000 profesionales están empleados con contratos precarios, incluso hay varios hospitales donde los médicos firman contratos de locación de obra y los especialistas sólo cobran un porcentaje del arancel que pagan los pacientes.

Escuelas
En el sector docente la precariedad se expresa en la composición de los salarios. El básico promedio de un maestro de grado con diez años de antigüedad, según datos de julio de 2004, es de 234 pesos. Sin embargo, la remuneración bruta (sin descuento) alcanza los 698 pesos, pues se incluyen plus por antigüedad, zona desfavorable, presentismo y otra serie de conceptos, en la mayoría de los casos no remunerativos ni bonificables. Los adicionales no remunerativos no se toman en cuenta al momento de calcular la jubilación. Por lo tanto, los maestros evitan el retiro hasta último momento para no ver reducido su ingreso de manera abrupta. En Jujuy, por ejemplo, el básico es de 193 pesos y después se agregan otros nueve items, seis no remunerativos, que elevan el salario bruto a 601,68. El Incentivo Docente presenta el mismo problema, porque es una suma fija sobre la que no se aplican descuentos.
Otra modalidad similar es el plus salarial de 30 pesos por módulo de 40 minutos que se les paga a algunos docentes de la ciudad de Buenos Aires desde el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media. Esos módulos se pagan en un recibo sin ningún tipo de descuento, situación que se contradice con el esfuerzo hecho para incorporar al básico algunos items no remunerativos. En la actualidad se están pagando de esa forma 106.666 módulos. Alfredo Iñíguez, director general de Coordinación Financiera y Contable de la Secretaría de Educación, afirmó a Cash que “no es relevante que esos módulos sean remunerativos, porque es un plus que se le paga al docente para que se perfeccione y no implica su presencia al frente del curso”. Sin embargo, los docentes consultados por Cash afirmaron que los módulos incluyen actividades frente a la clase y lo consideraron un instrumento de flexibilización. A su vez, la ciudad tiene a 771 personas contratadas entre quienes se incluyen los docentes de ajedrez, computación y teatro, los cuales, según Iñíguez, no son efectivizados porque son cargos que “no figuran en el Estatuto”. La precariedad también alcanza a la Universidad de Buenos Aires donde, según afirmó el rector Jaim Etcheverry esta semana, casi 20 mil profesores trabajan gratis.

Juzgados
Los practicantes meritorios que trabajan en los juzgados son otro caso de precariedad laboral en el Estado. El año pasado, en la provincia de Buenos Aires, se censaron 1897 meritorios que trabajan gratis y, según informaron a Cash en la Federación Judicial Argentina, contabilizando el resto del país, llegan a 4000. Los meritorios tienen una antigüedad promedio de dos años y trabajan seis horas por día, convirtiéndose en una aporte indispensable para muchos juzgados. En la provincia de Buenos Aires, las autoridades comenzaron a efectivizar a algunos durante este año. A su vez, en la Justicia la inestabilidad también se expresa a través de contratos precarios que sólo en la provincia de Buenos Aires alcanzan a 585 personas, según datos suministrados a Cash por la Asociación Judicial Bonaerense.
La permanencia de formas de contratación flexibles al interior del Estado y el pago de sumas no remunerativas se contradicen con un discurso gubernamental que reivindica el trabajo registrado. La precariedad laboral al interior del Estado va en contra de los derechos de los trabajadores y desincentiva el cambio de comportamiento de un sector privado donde abundan la inestabilidad y el empleo en negro.