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Es la tierra de los planes sociales. El distrito que recibe más subsidios por habitante. No está ubicado en ninguna las provincias más pobres del país sino en el noroeste del conurbano bonaerense, a sólo 40 kilómetros de la Capital Federal. En José C. Paz viven 230 mil personas en condiciones de vulnerabilidad extrema. Según estimaciones del gobierno municipal, cerca del 50 por ciento de la población está desocupada y el 80 por ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El principal ingreso de los vecinos proviene de programas sociales que el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires ejecutan en el municipio. Cash relevó la existencia de 17 planes para asistir a mujeres embarazadas, niños, jóvenes, jefes de familia desocupados, enfermos y ancianos por un monto anual estimado de 73,7 millones de pesos, cifra que casi duplica al presupuesto municipal, que alcanza 48 millones de pesos. Los planes suman cerca de 147 mil beneficiarios, pero varios se complementan para asistir a las mismas personas a través de dinero, alimentos, herramientas e insumos para la producción y remedios. Cash recorrió el distrito y conversó con integrantes de asociaciones barriales, dirigentes políticos y funcionarios municipales para conocer el caso más extremo de la crisis social que todavía afecta al país.
José C. Paz surgió hace más de 100 años como una localidad del antiguo partido de General Sarmiento. En sus inicios se caracterizó por ser una zona dedicada al pastoreo y la actividad tambera, y luego fue transformándose en un barrio obrero dependiente de las industrias de otras localidades. En 1995, General Sarmiento de dividió en tres distritos. San Miguel se quedó con el casco histórico del partido, el principal centro comercial y la mayor infraestructura básica; Malvinas Argentinas, con el parque industrial y una combinación de countries y bolsones de pobreza; y José C. Paz, con los barrios más pobres, un débil entramado comercial y unas pocas fábricas. Carlos Urquiaga, secretario de Industria y mano derecha del intendente Mario Ishii, reconoció ante Cash que cuando se produjo la división “nos quedó la población más humilde con un cartel que decía inviable”.
La situación fue empeorando con la crisis. El Censo económico de 1994 registró 166 pequeños establecimientos fabriles en la zona, de los cuales sólo 20 tenían más de 10 empleados. Sin embargo, un relevamiento realizado el año pasado por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) registró sólo 49 talleres en funcionamiento, dedicados a la costura, metalurgia, madera, producción de ladrillos y cerámicos. José Borello, investigador de la UNGS, señaló a Cash que “desde que se creó el partido prácticamente no ha habido radicación de empresas”.
La actividad comercial también es limitada. Los negocios se concentran en las pocas manzanas que conforman el centro del distrito y en las escasas avenidas asfaltadas. Se destaca la venta minorista de ropa, pequeños bares y polirrubros, mientras que sobre la Ruta 197 pueden verse corralones de materiales, venta de repuestos para el automóvil y talleres mecánicos. Los únicos bancos que operan en el distrito son el Nación, el Provincia y una sucursal del Banco Piano, aunque pululan varias financieras que ofrecen crédito “fácil” a tasas que llegan al 120 por ciento anual por un préstamo de 800 pesos.
Los déficit de servicios e infraestructura son alarmantes. En los 50 kilómetros cuadrados que conforman el distrito no hay red de agua corriente ni cloacas, y el servicio de gas natural cubre un espacio reducido. La mayoría de las calles son de tierra, la conectividad entre los barrios es reducida y las viviendas son precarias. El deterioro de las zonas más pobres se refleja en el precio de las propiedades. Una casa con comedor, un dormitorio, baño y galería en un lote de 10 x 30 ubicado en el humilde barrio Sol y Verde cuesta apenas 5 mil pesos.A diferencia de otros distritos con altos niveles de pobreza como Florencio Varela, La Matanza o Moreno, en José C. Paz no hay zonas de clase media-alta o parques industriales que permitan aplicar políticas compensatorias al interior del distrito, transfiriendo recursos hacia los que menos tienen. La pobreza se extiende a todo el territorio. La actividad informal abunda. En el peor momento de la crisis, el municipio llegó a recaudar apenas un 8 por ciento de su potencial y en la actualidad no llega al 20 por ciento. La construcción, el servicio doméstico, el armado de locales comerciales en las viviendas, la venta ambulante y el cartoneo están entre las principales actividades. En la localidad de Sol y Verde, todos los días a las 16, decenas de vecinos esperan en las vías del ex ferrocarril San Martín la llegada del tren cartonero para ir a la Ciudad de Buenos Aires a revisar bolsas de basura. Daniel Sambrana, integrante de la radio Tinkunaco que transmite desde el barrio San Atilio, señaló a Cash que “es muy difícil que alguien consiga un trabajo en blanco. Las mujeres jóvenes son las que tienen más chances de ser contratadas en negocios de ropa o como cajeras de supermercado. El resto tiene como único ingreso los planes y la plata que junta cartoneando”.
Si bien los planes sociales son nacionales y provinciales, la municipalidad es el organismo encargado de gestionar la ayuda social en el territorio. Coordina 147 comedores, entrega bolsas de alimentos, distribuye los medicamentos del Plan Remediar, organiza el pago de los planes de ingreso, como el Jefes de Hogar, y centraliza la ejecución del plan de microemprendimientos Manos a la Obra y del programa de autoconstrucción de viviendas Techo y Trabajo. Varias de las organizaciones sociales consultadas por Cash denunciaron manejos clientelares y corrupción por parte de la municipalidad. Víctor Larrea, integrante del MTD Aníbal Verón del Barrio San Fernando, afirmó que “nosotros coordinamos dos comedores, pero la municipalidad sólo nos envía verdura”. Sonia Mendoza, socia fundadora de la Mutual Primavera, aseguró a Cash que en el Plan Manos a la Obra “la Nación envía recursos para comprar los insumos presupuestados por los vecinos, pero el municipio adquiere productos baratos de menor calidad y no sabemos qué hace con el dinero que sobra”.
La eficacia en la gestión de los recursos no sólo está puesta en duda por las denuncias de corrupción. Los 73,7 millones de pesos anuales que recibe el municipio llegan a través de 17 planes que, en la mayoría de los casos, imponen condiciones sin tomar en cuenta el contexto, situación que dificulta la elaboración de una estrategia coherente para impulsar el desarrollo local. En la actualidad, José C. Paz sobrevive exclusivamente por una ayuda social que ha servido para contener una situación explosiva. El principal desafío consistirá en orientar la asistencia en un proyecto que no sólo busque asegurar el control político sino garantizar la viabilidad económica del distrito.