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Después de tres años de tensión, el Gobierno acaba de dar el primer paso en la renegociación del sector energético: firmó una carta de entendimiento con la distribuidora eléctrica Edelap, que establece las reglas de la prestación del servicio para el “período de transición”, en 2005. Resignando parte de sus reclamos, Edelap accedió a negociar con el Gobierno nuevas cláusulas contractuales. En la Unidad Renegociadora de los contratos (Uniren), lo consideran un hecho clave para avanzar en un acuerdo con las otras dos distribuidoras: Edesur, que ya se acercó a dialogar con el Gobierno, y Edenor, cuya continuidad en el país es incierta.
El acuerdo provisorio con Edelap supone beneficios para la firma y resguardos para los usuarios. Sin embargo, algunos especialistas no ven avances sustanciales. Por caso, Jorge Lapeña, ex secretario de Energía durante del gobierno radical, sostuvo que existe una “inadmisible demora (en la renegociación) que puede ser peligrosa para la sustentabilidad del servicio”.
Según la carta de entendimiento, los usuarios comerciales e industriales y las reparticiones públicas afrontarán un aumento tarifario promedio del 13 por ciento, a partir de febrero de 2005, que implicará un crecimiento en las retribuciones de la firma del 23 por ciento. Además, Edelap tendrá un sobrante de caja para pagar sus deudas refinanciadas y se beneficiará con un sistema de premios si mantiene la calidad del servicio dentro del rango establecido en el acuerdo. Otra ventaja es que podrá pagar las multas adeudadas a los usuarios (15 millones de pesos) en cuotas semestrales y el Estado le condonará una parte de las sanciones que le corresponde cobrar (en total, 10 millones de pesos), en el momento en que la operadora renuncie a los reclamos internacionales. Por último, se fijará un sistema para considerar eventuales aumentos en el costo del servicio, que se traducirán en subas tarifarias si el ente de control (ENRE) lo autoriza.
El investigador de la Fundación Arturo Illia Ricardo De Dicco fue crítico con el aspecto tarifario: “La dolarización e indexación de las tarifas violaron el marco regulatorio eléctrico y la ley de Convertibilidad. Y permitieron a las empresas tener ganancias extraordinarias, que no fueron invertidas sino remitidas al exterior”. Por su parte, Hilda Dubrovsky, de la Fundación Bariloche, explicó a Cash que “las tarifas beneficiaron a los grandes clientes y alentaron el consumo, dejando fuera del debate los aspectos sociales y el uso racional de la energía”.
Como correlato de estos beneficios, la concesionaria controlada por AES Corporation se comprometió a no girar dividendos durante la transición, renunciar al juicio contra el Estado por 200 millones de dólares y ejecutar un plan de inversiones por 15 millones de pesos, que será controlado mensualmente por el ENRE. A esto se suma un plan financiero de costos mínimos que busca “transparentar los números y los compromisos de la empresa”, aseguraron funcionarios cercanos a la renegociación.
El acuerdo se logró después de que las distribuidoras exigieran un incremento tarifario del 130 por ciento y su mantenimiento a valor del dólar durante los próximos diez años; un seguro de cambio para pagar sus deudas externas; la suspensión de atender todo pedido de servicio; una indemnización por la pesificación; la realización de obras a cargo del Estado; la disminución de impuestos y la aplicación de una tarifa social para evitar la morosidad.
Para Gustavo Calleja, del Grupo Moreno, “el Gobierno está emparchando un sistema que no invierte. Una reestructuración del sector implicaría que las actividades fundamentales estén en manos del Estado y que las tarifas respondan a un proyecto nacional de desarrollo”. En el mismo sentido, De Dicco opinó que “las reiteradas violaciones a la legislación nacional y las prácticas extorsivas de las prestatarias hacen necesario evaluar el grado de cumplimiento de cada contrato”. La Uniren no sólo se negó taxativamente a aceptar los reclamos privados, sino que emitió un informe donde cuestiona el nivel de endeudamiento de las empresas y el destino de esos fondos, usados en parte para pagar dividendos y no para realizar inversiones. El texto hace una fuerte crítica al ente de control por la falta de información sobre los costos de operación y mantenimiento de las concesionarias. A su vez, en un reciente informe de la Auditoría General de la Nación se afirma que “el ENRE no estableció un procedimiento que redujera los perjuicios al Estado”.
La Fundación Bariloche también cuestionó el desempeño del ENRE. “La política del Estado estableció que el ENRE no corrigiera los errores de la normativa específica, aunque tenía herramientas para hacerlo. Los usuarios financiaron las inversiones, sin que hubiera certezas sobre el grado de concreción y nivel de las mismas”, concluyó Dubrovsky.