Hablar de la industria del juicio refiriéndose a los pleitos laborales y utilizar ese argumento para denostar a los abogados del trabajador es realmente ignorancia, ingenuidad o un error garrafal si somos gentiles, y si no lo somos: hipocresía o caradurez.

En nuestro país los industriales del juicio son los que violan la ley a raudales. Los que sojuzgan a los trabajadores no pagándoles lo que corresponde de acuerdo con la ley. Los que los tienen “en negro” convirtiéndolos en verdaderos desaparecidos sociales. Los que los hacen trabajar 12 horas diarias sin siquiera pagarles las horas extra con el recargo debido. Los que les pagan el salario gris (color resultante de la mezcla del blanco y el negro). Los que usufructuaron complacidos la desaparición de derechos durante la dictadura militar y promovieron o consintieron la flexibilización laboral de los ’90. Los que violaron los derechos humanos a la vida y a la integridad psicofísica del asalariado haciéndolos trabajar en ambientes de trabajo inseguros e insalubres.

No menos de cinco muertes diarias de trabajadores por accidentes de trabajo. Miles y miles de obreros con incapacidad permanente porque los empresarios no invirtieron en seguridad. La mitad de los trabajadores en negro. El 70 por ciento de los pagos de sueldo no se registran. La evasión, el fraude laboral, las pasantías truchas, los pseudo-factureros, los trabajadores de agencias fraudulentas.

Es en estas circunstancias en las que se funda la única industria que debemos cerrar.

La avidez da paso a la elusión, evasión y morosidad laboral, asistencial y previsional que son verdaderas industrias que destruyen las reglas de convivencia, nos hacen vivir en la anomia y restan sentido a la democracia que aparece atacada por su escasez social. En todo caso son estas patologías las que dieron vida a la única industria que debemos cerrar.

Si cuantificamos a los trabajadores que podrían hacer juicios porque alguno de sus derechos fue violado, no serían menos de seis millones las acciones judiciales en ciernes.

En los juzgados de Trabajo de la Capital Federal en el 2003 se inició, por todos los conceptos (despidos, diferencias salariales, suspensiones, horas extra, accidentes, trabajo en negro), un total anual de 25.837 juicios. Proyéctese como se quiera el total de juicios laborales a todo el país y nunca el resultado dará más del 5 por ciento del total de los reclamos posibles.

La preocupación del estadista debería ser la de indagar por qué con tantos incumplimientos legales hay pocos pleitos laborales. No hay duda de que esta verdadera indefensión de los asalariados es producto de la enorme desocupación. La realidad es que los trabajadores no gozan de libertad en el ámbito de la relación laboral. Deberíamos procurar una nueva Asamblea del Año XIII para liberar a los trabajadores, verdaderos esclavos imposibilitados para el ejercicio de sus derechos.

El abogado laboralista que defiende a trabajadores no es un industrial que inventa violaciones a la ley. Su rol es defender a la víctima, al mancillado, al vulnerable, al sometido.

Los ataques a la honra de los iuslaboralistas aparecen como esa metodología que en Estados Unidos se denomina la defensa “canalla” y que consiste en descalificar al interlocutor para no debatir la idea.

Con argumentos falsos se esbozó la ley de riesgos de trabajo: aumentar la prevención y terminar con el aumento de los juicios. Personalmente investigué si era cierto que había aumentado la litigiosidad. La realidad dejó expuesta la mentira. No sólo no había aumentado sino que por el contrario había mermado. De 21.881 iniciados en 1991, en 1996, cuando comienza a regir la ley, sólo se iniciaron unos 2098, o sea que de cada cien juicios de 1991 menos de diez fueron presentados en 1996. Algo más para quienes dicen que respetar la Constitución y los derechos sociales y humanos hace peligrar el empleo. Así como bajaron los juicios subió la desocupación: en octubre de 1991 era del 6 por ciento, en mayo del ‘95 subió al 18,4 por ciento. Hoy ronda el 19,1 por ciento, contando a los beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar como lo que son, desocupados. Sabiamente la Corte dijo que, de todas maneras, no se puede admitir la supremacía de las “leyes” del mercado sobre la Carta Magna.

Hace más de cinco años que existen proyectos modificatorios de la ley de riesgos en la Comisión de Legislación del Trabajo con dictamen a veces unánime y el último por mayoría. Gracias a la Corte seguramente se podrá edificar una norma que cumpliendo con el principio de legalidad, proteja a los asalariados y contemple al pequeño empresario. Con justicia y equidad es posible.

* Profesor de Derecho del Trabajo de la UBA.