Hace apenas 4 meses, frente a la amenaza de la multinacional Monsanto de cobrar regalías por su tecnología en los puertos de destino, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, declaró que la cartera a su cargo se encontraba “en condiciones jurídicas y morales de no aceptar el esquema de pago de regalías”. El argumento había sido contundente: “consideramos que estas empresas, ya han recibido mucho de nuestro país y pueden darse por bien pagas”. Desde entonces, frente a la inmovilidad del Congreso en tratar una nueva ley de semillas, inmovilidad que fuentes del agro consideraron “no espontánea”, la Sagpya realizó reuniones con todos los sectores de la cadena; las empresas tecnológicas, las semilleras y las distintas asociaciones de productores. El objetivo fue consensuar una nueva normativa. Las reuniones terminaron el 14 de diciembre. El pasado martes, el secretario Campos volvió a reunir a los involucrados para presentarles la norma de consenso. Llamó la atención que entre los asistentes faltase uno de los principales actores, la biotecnológica Monsanto, una ausencia que causó malestar no sólo en el Gobierno.

Durante la reunión, el secretario Campos expuso los ejes de la nueva normativa que, entre los presentes, únicamente fue rechazada por la Federación Agraria. El dato central es que, en adelante, el uso de la tecnología deberá pagarse. Los pagos serán acotados en el tiempo: las empresas que desarrollen las nuevas variedades podrán cobrar durante 7 años, los que se contarán a partir del momento en que la variedad ingresa al mercado. Por ejemplo, si se trata de una variedad que se comercializa desde hace 6 años, sólo podrá cobrarse durante un año más. Si bien Monsanto pretendía cobrar 3 dólares por tonelada, una cifra considerada excesiva por los productores, la norma deja este punto al acuerdo entre privados.

Uno de los aspectos salientes de la futura norma es que reconoce la situación del pequeño productor. Lo hace estableciendo el “uso propio gratuito” para quienes cultiven hasta 65 hectáreas, los que nunca pagarán la regalía, ni siquiera en el primer uso. Estos productores, que según Campos son el 65 por ciento del total, representan únicamente el 15 por ciento de la producción. Visto desde el otro lado, las empresas biotecnológicas podrán cobrar regalías sobre el 85 por ciento de la producción.

La primera duda que surge es cómo se controlará quién paga y quién no. Uno de los instrumentos para este fin será una declaración jurada del productor en la que, entre otros datos, figurarán su CUIT, la cantidad sembrada, la ubicación de la explotación, el lugar donde compra las semillas y cuánto espera cosechar. Pero la palabra del productor no será el único dato. Se rejerarquizará la función del Inase, el Instituto Nacional de Semillas, quien se encargará de los controles en los campos y por vía satelital. El importe de las regalías deberá estar discriminado en las facturas de venta de semillas. Cuando se descubra a productores que, por el tamaño de sus explotaciones no hayan abonado las regalías, se les aplicará una multa que quintuplicará los pagos evadidos. La idea es que el costo de utilizar semilla en negro, o bolsa blanca, sea carísimo.

Aunque oficialmente los voceros de Monsanto, la principal desarrolladora de la biotecnología que se utiliza en el país, evitaron dar su posición, Cash pudo saber que la firma se opone por dos razones. La primera, es que considera exiguo el plazo de 7 años de duración de los pagos, la segunda, y más importante, es su desacuerdo con la medición del plazo, cualquiera que sea. La pretensión es que para todas las tecnologías, como por ejemplo la extendida Roundup Ready (RR), se comience a contar el plazo de cobro a partir del momento que la norma entre en vigencia. La posición del otro opositor, la Federación Agraria, se basa en que, con prescindencia del tamaño de las explotaciones, las resiembras no deben volver a pagar regalías.

La nueva regulación fue enviada el pasado viernes al Ministerio de Economía. Fuentes de la secretaría dijeron a Cash que ahora será el ministro Roberto Lavagna quien deberá decidir si la cuestión se dirime por la vía de una ley del Congreso o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El apuro tiene una causa muy concreta. Se espera que las nuevas reglas entren en vigencia en los primeros días de marzo, mes en el que comienzan a adquirirse las semillas para la campaña que se inicia en mayo. En el sector se descarta que la vía será un DNU.