En el Gobierno lo ven como algo inevitable. Aunque aseguran que, en sintonía con el Banco Central, buscarán que la curva descendente sea “lo más chata posible”. Esto es, que la caída del dólar no sea abrupta sino administrada. Y a pesar de que el objetivo es defender una paridad de 2,90 pesos, algunos funcionarios admiten que podría ir a un escalón más abajo, a 2,85. La apreciación de la moneda local forma parte del escenario para después del default. Pero, a la vez, busca ser aprovechado por las autoridades para desincentivar la llegada de capitales golondrina.

En el Central admiten que mantener una especie de tipo de cambio fijo, como el actual esquema, funciona como un seguro para los especuladores. Y es por ese motivo que va ganando la idea de darle más flexibilidad a la paridad. Un dólar más abajo, suponen algunos funcionarios, desalentaría el ingreso de los capitales golondrinas, sin que ello suponga un perjuicio en la estrategia comercial.

El argumento es que si el peso se aprecia algunos centavos, el potencial de rentabilidad de los especuladores declinará. La intención de ahuyentar los capitales especulativos pasa por evitar la formación de burbujas que, cuando explotan, terminan perjudicando la marcha de la economía.

La decisión implica un cambio en la estrategia cambiaria. Si bien este mes el Banco Central disminuyó en forma notable sus intervenciones en el mercado, la autoridad monetaria estuvo atenta a que el dólar se mantenga lo más cerca posible de los 3 pesos. Ahora no sólo permitiría una leve apreciación del peso sino que, además, abriría las puertas a una mayor volatilidad del tipo de cambio.

La iniciativa forma parte de un paquete que están evaluando, en conjunto, técnicos de Economía y de la autoridad monetaria. Las medidas tenderán a endurecer los controles que ya existen desde hace un año y medio, y se pondrían en marcha apenas finalice el canje, a menos que la entrada de fondos se acelere y obligue a adelantar los tiempos. Por ahora, los funcionarios prefieren el bajo perfil sobre el asunto para que no haya interferencias con el proceso de la deuda.

Roberto Lavagna ya adelantó que los nuevos controles copiarán el modelo chileno. Existen diversas opciones para elegir:

• Aplicar un impuesto a los capitales que permanezcan en la Argentina menos de seis meses.

• Extender de esos seis meses a un año, ese plazo mínimo, en el cual se deben quedar los capitales que se aplican a los activos financieros (bonos, acciones).

• Imponer un encaje de entre 20 y 30 por ciento a esos capitales. Esos fondos quedarían depositados en el Banco Central entre seis meses y un año.

La previsión de Economía y del Central toma en cuenta los pronósticos sobre que, una vez que quede claro que la Argentina saldrá de la cesación de pagos de su deuda, se producirá un fuerte ingreso de capitales. Así ocurrió en las anteriores experiencias de reestructuraciones de deuda soberana.