Durante la convertibilidad, con precios planchados, los medicamentos aumentaron, en promedio, un 156 por ciento. A partir de la devaluación, la inflación fue de poco más del 20 por ciento y los fármacos subieron un 60 por ciento promedio. Algunos se incrementaron hasta un 350 por ciento. Un mercado oligopólico en producción y distribución y una política de total libertad de precios derivaron en que en el país haya 15 millones de personas que no consumen medicamentos porque no pueden pagarlos, según señaló a Cash el ministro de Salud, Ginés González García. El año pasado, el despacho de unidades cayó un 14 por ciento. En el primer trimestre del 2002, la caída se pronunció aún más. Provincias como Jujuy, Formosa y Catamarca están consumiendo menos remedios que el barrio de Palermo. En el Conurbano bonaerense, dos de cada tres personas no tienen acceso a medicamentos. Sin embargo, los laboratorios continúan aumentando su facturación y su rentabilidad porque siguen subiendo los precios y sus costos de producción son ínfimos. Por ejemplo, el antibiótico Amoxidal, de Roemmers, tiene un costo de 0,025 peso por unidad y sale del laboratorio a 0,68 peso, un 3 mil por ciento más. Y la diferencia entre el costo unitario y el precio que paga el consumidor es del 4800 por ciento.
En el país operan 280 laboratorios, pero los primeros 25 manejan el 75 por ciento del mercado. Entre ellos se dividen la producción de los medicamentos que más se consumen. No compiten nunca por precio. A lo sumo, si en algún caso dos de las empresas líderes elaboran productos similares, disputan el mercado a fuerza de publicidad. Hace dos años, la provincia de Buenos Aires comenzó a producir medicamentos para proveer a sus hospitales. Pero sólo avanzó hasta conformar un vademécum de 40 especialidades. El lobby de los laboratorios convenció a las autoridades provinciales de no seguir ampliando la planta para completar la producción de todas las drogas que los hospitales demandan.
El Ejército tiene un laboratorio que produce fármacos para atender a los miembros de todas las Fuerzas Armadas y a sus familias. Sus costos son menores aún que los de los grandes laboratorios nacionales y extranjeros, y estaría en condiciones de duplicar su producción. Sólo falta la decisión política de comenzar a producir para abastecer al 40 por ciento de la población que ya no puede pagar los medicamentos que necesita. También hay varios hospitales que cuentan con las instalaciones necesarias para elaborar fármacos. Pero el Gobierno, conocedor del enorme poder del sector medicinal, no atina a tomar una decisión que lo enfrentaría a los laboratorios. Lejos de eso, Duhalde tiene como secretario de Defensa del Consumidor al ¿ex? titular de la Cámara de Laboratorios Nacionales, Pablo Challú.
Antes de la devaluación, la Argentina era el quinto país más caro del mundo en precios de medicamentos. La filosofía de las multinacionales de medicina es cobrar más caros los fármacos en los países que por capacidad adquisitiva o por características culturales están dispuestos a pagar más. La Argentina fue hasta antes de la depresión económica el cuarto país del mundo en consumo de medicamentos per cápita. Un ejemplo de esa política es que los laboratorios argentinos exportan a países limítrofes a precios muchísimo más baratos de lo que venden aquí (ver recuadro). Sin embargo, el abrupto empobrecimiento que está sufriendo la sociedad no derivó en un cambio de política de parte de las compañías productoras.
La devaluación prácticamente no incide en los costos de los laboratorios porque, aunque las drogas son importadas, la participación de estos insumos en el precio de venta no llega al 1 por ciento. Es decir que un aumento del dólar del 200 por ciento como el que se verificó, podría significar como máximo un incremento de costos del 2 por ciento. La razón por la que incrementan sus precios al ritmo de la moneda norteamericana, y en algunos casos más, es que quieren mantener su rentabilidad en dólares. Y la explicación de que lo estén logrando es que el Estado no les pone límites. El Ejecutivo emitió un decreto, a instancias de Ginés González García, que les permite a los farmacéuticos ofrecerles a los consumidores sustituir el remedio que el médico les recetó por otro de igual composición y más barato. Las segundas marcas tienen una diferencia de precio promedio con las líderes del 50 por ciento. Es decir que se puede consumir la misma droga por la mitad de precio, o menos. Por ejemplo, el laboratorio Glaxo produce Ventolín y lo cobra 20,50 pesos; su competidor, Austral, elabora un sustituto y lo entrega a 3,90. La reglamentación del decreto que permitiría a los farmacéuticos ofrecer el más barato está postergada desde hace más de treinta días. Según legisladores del PJ, es la influencia de Challú la que tiene frenado el tema. El Senado ya dio media sanción a un proyecto similar, que ahora descansa en Diputados, donde el lobby de los laboratorios se juega a frenarlo.
De todas maneras, la legislación que permitiría a los farmacéuticos ofrecer un producto sustituto a los líderes no sería suficiente para que los consumidores consigan efectivamente pagar menos. De hecho, en la provincia de Buenos Aires esa misma disposición existe desde hace más de cinco años y no tuvo efectos prácticos. Por un lado, los laboratorios presionan a las obras sociales para que no acepten que los farmacéuticos sustituyan lo que el médico recetó. A la vez, como la distribución también está en manos de los 25 laboratorios que manejan el mercado, a las farmacias se les hace muy difícil proveerse de las marcas más baratas. De las seis droguerías que acaparan la intermediación entre productores y farmacias, cuatro fueron absorbidas por los laboratorios y las otras dos están fuertemente endeudadas, hecho que las condiciona en su estrategia de comercialización. En algunos casos, los productos de más bajo precio son de pequeños laboratorios que no consiguen que las droguerías les compren; en otros se trata de segundas marcas de los grandes laboratorios, que se entregan con cuentagotas.
Aunque finalmente se reglamente el decreto que permite la sustitución de un producto por otro de menor valor, y aun en el caso de que el Estado intervenga para normalizar la distribución y que los fármacos más baratos lleguen a la gente, los medicamentos siguen estando lejos del alcance de la población. Principalmente los que tratan las patologías más graves, como sida y cáncer, que son los que más aumentaron y no tienen sustitutos.