Los próximos días serán claves para definir la permanencia de Aguas Argentinas en el país. Después de casi tres años de intensas negociaciones, el Estado y el Grupo Suez –socio mayoritario de la empresa– no lograron saldar aspectos que permitirían continuar con la concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en Capital Federal y parte del conurbano bonaerense. La puja gira fundamentalmente alrededor de la actualización tarifaria, el manejo y control sobre el plan de inversiones, la situación económico-financiera de la firma y la demanda presentada ante el Ciadi por los perjuicios que, según Aguas, la devaluación provocó sobre su negocio.

El directorio de la empresa volvió a rechazar días atrás la carta de entendimiento propuesta por la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y advirtió que podría “considerar otros cursos de acción”, entre los que figura su salida del país. Desde Aguas Argentinas, recordaron a Cash “los lineamientos básicos planteados (por la empresa) desde la salida de la convertibilidad: el cambio en las reglas de juego que hubo en el 2002 significó la ruptura del contrato original”.

Para el Gobierno esa postura no es una novedad. Aguas viene amenazando con levantarse de la mesa de negociaciones desde enero de 2002. Frente a este escenario, varios especialistas del sector sospechan que Suez pretende “justificar una salida forzada del país” y apostar a que prospere la demanda internacional contra el Estado argentino, por casi 1500 millones de dólares. Entre los argumentos presentados por la concesionaria ante el Ciadi, figuran la expropiación de inversión; el incumplimiento de un trato justo y equitativo y las pérdidas ocasionadas por la caída de la demanda y las deudas incobrables.

La mayor parte de los accionistas de Aguas Argentinas –Suez, Agbar, Vivendi, AWI– sostiene que las medidas adoptadas por el Estado provocaron pérdidas significativas que constituirían “una expropiación de la inversión”. El argumento es que sus ingresos debían ser suficientes para la operación, mantenimiento, expansión del servicio y para hacer frente a su endeudamiento externo de alrededor de 600 millones de dólares. En diálogo con este suplemento, el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, expresó que “para que haya expropiación, quien expropia se tiene que quedar con algo. Y acá no hubo expropiación”.

Otro punto de la presentación es la pretensión de “restablecer el equilibrio de la concesión”, que supondría preservar el equilibrio financiero de la empresa, alterado por la devaluación. Amparada en la Resolución 602/99 firmada con la subsecretaria de Recursos Hídricos, María Julia Alsogaray, Aguas entiende que cualquier modificación en la paridad entre el peso y el dólar supone una revisión extraordinaria de tarifas.

Por otra parte, la demandante afirma que sus inversiones no tuvieron “un trato justo y equitativo”, porque la política económica impulsada a partir de enero de 2002 modificó el marco jurídico en el que se celebraron las pautas de inversión. Finalmente, reclama una compensación por parte del Estado de 71 millones de dólares debido a las “pérdidas” originadas por la caída de la demanda y las deudas incobrables.

Para Guglielmino, la posible retirada de la firma podría ser “una estrategia para fortalecerse en el Ciadi. No me imagino cómo podría llegar a demostrar daños en su contra, ya que ha sido una de las empresas más incumplidoras de todo el sistema de privatización. Y la Argentina va a poner todo eso a la vista de los árbitros”, advirtió el procurador del Tesoro de la Nación.

Con esta demanda como elemento de presión, el Grupo Suez –accionista mayoritario de Aguas– podría dar un paso más en su retirada de las empresas que maneja en el país. Ya abandonó la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe y decidió poner en venta el paquete mayoritario de la distribuidora Litoral Gas, que está en manos de su controlada Tractebel. En los últimos años, Suez viene desplegando una reestructuración empresaria a nivel mundial que incluye la diversificación de sus actividades hacia el sector eléctrico y gasífero. Sólo en Francia, sus empresas duplicaron las ventas en ambos mercados respecto del 2004 y crecen sus participaciones accionarias en otros consorcios energéticos de Europa.