Comenzaron siendo una excepción, pero en la actualidad mueven en conjunto un presupuesto millonario y se han convertido en las cajas más polémicas del Estado. Los fondos fiduciarios públicos surgieron a mediados de los ‘90 cuando el gobierno buscó generar una herramienta de inversión por fuera del presupuesto nacional para evitar discrecionalidades. Son cuentas donde se coloca dinero para un fin específico, que no puede ser modificado por necesidades de la coyuntura. Sin embargo, en la mayoría de los casos no cumplen con su objetivo. El desvío de recursos, el otorgamiento de créditos sin garantías y las deficiencias en los registros contables son algunas de las irregularidades señaladas por los organismos de control. En la actualidad existen 18 fondos (o fideicomisos) y tres más están en proceso de conformación. En los últimos cuatro años los ingresos anuales que manejan treparon de 633 a 3543 millones de pesos en total. Este dinero no pasó inadvertido para los gobiernos anteriores ni para el actual que, el año pasado, dictó un decreto para disponer libremente de “los recursos líquidos de los fondos que temporariamente no se hallaren asignados”, convalidando así los desvíos. Una de las opciones que manejan en el Ministerio de Economía es utilizar 1600 millones de pesos de los fondos para afrontar los vencimientos de deuda con el FMI. Los especialistas consultados por Cash coincidieron en afirmar que de ese modo el objetivo de los fideicomisos queda definitivamente desvirtuado.

Los fondos fueron creados con diversos fines: para impulsar la privatización de bancos provinciales, para auxiliar a bancos privados, para alentar el desarrollo de las pymes, para mejorar la red de caminos, para financiar obras hídricas y eléctricas, para actividades científicas y hasta para la recuperación de la ganadería ovina. Pero muchos perdieron su carácter específico y se convirtieron en un presupuesto paralelo. Legisladores de diferentes partidos coincidieron ante Cash en destacar la falta de control sobre los fondos. Gerardo Morales, senador de la UCR, aseguró que “son un agujero negro”; Oscar Lamberto, diputado del PJ, los definió como el producto de una “manía por tener cajitas propias para no pedirle cuota a Hacienda”, y Adrián Pérez, legislador del ARI, afirmó que los fondos “evidencian irregularidades” (ver aparte).

En la Secretaría de Hacienda proyectan utilizar 1600 millones de pesos de los fideicomisos para pagarle al FMI los vencimientos pendientes hasta fin de año. El diputado Claudio Lozano afirmó a Cash que “no les hará falta utilizar esos recursos ahora, pero así se aseguran su disponibilidad para el año próximo”.

Los desvíos son una constante que se repite en la historia de los fideicomisos. El Fondo de Infraestructura de Transporte fue creado por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Los recursos se obtuvieron de una tasa aplicada al gasoil. El 80 por ciento se debía destinar a ampliar y mejorar la red de caminos y el 20 por ciento a infraestructura ferroviaria. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos se destinaba a subsidiar a los concesionarios viales. Luego de la devaluación, un decreto del entonces presidente Eduardo Duhalde permitió incorporar nuevos beneficiarios, incrementar los recursos y modificar su destino, alterando el objetivo del fideicomiso. Desde entonces, trenes, colectivos, camiones y barcos comenzaron a ser subsidiados con millones de pesos a través de esta herramienta.

El Fondo de Transporte también sirvió para subsidiar al concesionario encargado de construir y explotar el puente Rosario-Victoria. El costo de la obra fue fijado en 350 millones de pesos. El Estado puso 207 millones de pesos y el resto quedó a cargo de la empresa Puentes del Litoral (consorcio integrado por Benito Roggio), pero el concesionario incumplió su parte y en julio de 2002 solicitó un subsidio de 33 millones “para concluir la obra y ponerla en funcionamiento”. En respuesta, el gobierno otorgó una asistencia financiera de 51 millones de pesos “como excepción” a través del fideicomiso. La Auditoría General de la Nación dictaminó en noviembre de 2004 que la decisión violó la normativa del fondo, que la empresa no se encontraba en condiciones de ser receptora del préstamo y que para el Estado será imposible recuperar ese dinero en los 25 años que dura la concesión del puente.

Las irregularidades también alcanzaron al Fondo de Infraestructura Hídrica, creado para financiar obras públicas de emergencia luego de la inundación que sufrieron Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Córdoba en octubre de 2001. Uno de los objetivos era concretar el plan maestro de la Cuenca del río Salado para terminar con los anegamientos y recuperar las tierras productivas. Los recursos se obtuvieron a través de una tasa a la nafta y al GNC que recauda entre 200 y 300 millones de pesos por año, pero el emprendimiento no se hizo. Con los recursos, se comenzaron a financiar obras hídricas en otras regiones del país como Jujuy, Formosa, Mendoza y Río Negro, violando las normas. Además, en abril de 2002 se utilizaron siete millones de pesos para cancelar una deuda con Ferroexpreso Pampeano (Techint) y en diciembre de 2003 se volvieron a utilizar recursos del Fondo para subsidiar a la misma empresa.

Otro fondo cuestionado es el de Reconstrucción de Empresas, heredero del Fondo de Capitalización Bancaria ideado por Domingo Cavallo en 1995 para asistir a las entidades financieras durante la crisis del Tequila. Un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación en marzo de 2004 detectó numerosas irregularidades entre las que se destacan: limitación en la autonomía del fondo, falencias en el procedimiento de otorgamiento de créditos, falta de control sobre la documentación recibida, deficiencias en los registros contables y falta de seguimiento por parte del Banco Nación (administrador del fondo) en la gestión de cobro de los préstamos, con las consiguientes posibilidades de pérdidas patrimoniales, como de hecho ocurrió.

El Banco Nación es el administrador de la mayoría de los fideicomisos. Esa situación está lejos de ser ideal porque el gobierno puede presionar al banco para que disponga de recursos en aplicaciones distintas de las dispuestas en el contrato de fideicomiso o directamente reemplazarlo en la toma de decisiones (ver aparte). En esos casos el banco debe oponerse, pero también es el agente financiero del Estado y suele terminar cumpliendo con el requerimiento.

Las falencias se extienden al conjunto de los fondos. En el informe presentado este año por la Auditoría General de la Nación se afirma que los fideicomisos no cuentan con plan de cuentas ni criterios contables comunes que permitan la homogeneización de la información a efectos de hacerla comparable. Además se detalla que se verificaron atrasos en los registros contables, que no se encuentra prevista la obligación de que los estados contables sean controlados por auditor externo, ni que sean publicados periódicamente.

Los Fondos están incluidos en el Presupuesto Nacional, pero sólo a título informativo, pues los recursos que integran su patrimonio provienen de fuentes diferentes y específicas, como tasas, que no ingresan al Tesoro. Por lo tanto, están exentos del principio de cuenta única establecido por la ley de Administración Financiera. La planilla de flujos anexa al Presupuesto no permite conocer los destinatarios concretos de los recursos o el patrimonio acumulado como resultado de superávit de años anteriores (en el informe de la Auditoría dice que son 10.600 millones, pero la cifra no está auditada). La ley 25.827 obliga al jefe de Gabinete a informar cada cuatro meses la evolución del flujo y uso de los fondos públicos, detallando las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y programadas, pero hasta el momento no se cumplió con esa obligación, pese a los reiterados pedidos formulados por legisladores de la oposición. Elpresupuesto millonario que ejecutan en conjunto, los antecedentes de desvíos y la falta de control han puesto en debate a los fondos fiduciarios.