El fideicomiso es un contrato por medio del cual una persona (fiduciante) transfiere la propiedad de determinados bienes a un administrador (fiduciario), quien se compromete a administrarlos en beneficio de quien se designe en el contrato. En la mayoría de los fideicomisos públicos creados en el país el fiduciante es el Estado nacional, a través de alguna de sus dependencias, mientras que el fiduciario es el Banco Nación. Los bienes constituyen un patrimonio separado del fiduciario y del fiduciante y, por lo tanto, quedan a salvo de sus potenciales acreedores. Pueden comprender dinero en efectivo, derechos derivados de la recaudación impositiva a través de tasas, fondos provenientes de organismos internacionales de crédito, acciones, títulos de deuda, inmuebles, etc. El contrato de fideicomiso incluye el plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario (no más de 30 años desde su constitución), el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, los derechos y obligaciones del fiduciario, el modo de sustituirlo si cesare en sus tareas y la determinación del modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fondo. El fiduciario debe llevar una contabilidad separada por cada fideicomiso que administra, debiendo rendir cuentas de su gestión al beneficiario por lo menos una vez al año