FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es uno de los mejores ejemplos para detectar cómo los sucesivos gobiernos suelen desvirtuar el objetivo de un fideicomiso. Este Fondo se creó en febrero de 1995 con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (750 millones de dólares) y el Banco Mundial (500 millones) para apoyar financieramente a los bancos provinciales y municipales sujetos a privatización (asistió a 19 entidades financieras en 16 provincias).
En noviembre de 1998, el gobierno amplió el objetivo específico del Fondo habilitándolo a financiar programas de: a) reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los Estados Provinciales; b) saneamiento de sus deudas públicas, y c) desarrollo de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad.
El Banco Nación fue designado para administrar los recursos (fiduciario), pero en las normas programáticas y operativas del Fondo se transfirieron las funciones propias del fiduciario al Poder Ejecutivo. De ese modo, el Banco quedó relegado a una tarea meramente contable sin poder de decisión alguno. A punto tal que, la Auditoría General de la Nación afirmó en un informe de agosto de 2003 que “la figura del fideicomiso quedó absolutamente desvirtuada, y carece de sentido su utilización”.
El Fondo sirvió para privatizar los bancos provinciales, asistió financieramente a las provincias, emitió Lecop para cancelar obligaciones en un momento de fuerte déficit fiscal, asumió las deudas provinciales que luego fueron convertidas en Bonos Garantizados y en los últimos años otorgó préstamos a las provincias que adhirieron al Programa de Financiamiento Ordenado.
Ahora bien: la violación sistemática de sus normas y el consiguiente manejo discrecional de los recursos han sido una constante desde su creación, destruyendo la confianza que debería generar un fideicomiso. La Auditoria destacó que los créditos otorgados para privatizar los bancos no se ajustaron a los procedimientos del Fondo y muchas de las provincias que recibieron préstamos no abonaron intereses ni cancelaron su deuda en los tiempos previstos.
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