Luego de la presentación del Presupuesto 2006 realizada por el ministro de Economía Roberto Lavagna en el Congreso, el secretario de Hacienda Carlos Mosse defendió ante Cash los puntos más controvertidos del proyecto. Negó que el Gobierno subestime los recursos para poder disponer de fondos libres de asignación presupuestaria y aseguró que los 9249 millones de pesos destinados a la partida Obligaciones a cargo del Tesoro “no es una bolsa de plata con la que se puede hacer cualquier cosa”. También dijo que eliminaron los superpoderes del jefe de Gabinete por el fuerte cuestionamiento que recibían y aseguró que esperan un acuerdo con el Fondo “siempre que el costo que se tenga que pagar no afecte estructuralmente el programa económico”.

¿El Gobierno subestima los recursos que va a obtener el año próximo?

–No subestimamos los recursos, en realidad, hemos sido muy prudentes a la hora de estimar el crecimiento económico. Es cierto que hemos estado por debajo en la proyección de crecimiento en 2004 y 2005. No obstante, creo que el 4 por ciento proyectado para el 2006 se ajusta a la realidad que hoy vivimos.

Sin embargo, economistas de ideologías diferentes afirman que se parte de un piso de crecimiento de más de 3 puntos por el arrastre estadístico de 2005.

–En el Ministerio de Economía no tenemos esa visión respecto del arrastre.

¿Cuál es el piso para ustedes?

–Ese dato lo debería decir el encargado de las proyecciones macroeconómicas, pero es mucho menos de 3 puntos. Incluso en el Ministerio hay quienes hubieran preferido una tasa de crecimiento un poco más baja.

Algunos también hablan de subestimación porque la elasticidad recaudación-PIB incluida en el Presupuesto es 0,91, mientras que el año pasado fue de 1,08.

–Normalmente cuando se sale de una crisis la recaudación suele crecer más que el PIB nominal. Eso ocurrió en la salida de las últimas crisis que atravesó el país. Pero éstos son efectos que se van diluyendo con el paso de los años. Hay impuestos que necesariamente tienen que moverse con el crecimiento de la economía y otros más específicos con crecimientos muy puntuales como los que dependen de la venta de combustibles, movimientos de comercio exterior y operaciones bancarias.

Usted dice que no hay subestimación, pero en los últimos años se obtuvieron más recursos que los proyectados y la oposición afirma que el Ministerio subestima a propósito para luego disponer de recursos por fuera de la asignación presupuestaria.

–No es así. Nosotros tenemos la responsabilidad de no sobreestimar recursos porque si no, se termina habilitando gastos que después no tienen financiamiento. Esa fue la historia de la Argentina en las últimas tres décadas. En los ‘80 y los ‘90 la recaudación fue sustancialmente inferior a la proyectada. En el primer caso se desembocó en la hiperinflación del ‘89 y en el segundo en la hiperrecesión de 2001. Lo que nosotros tratamos es de no habilitar gastos de manera irresponsable.

La oposición también objeta el incremento de la partida “Obligaciones a cargo del Tesoro” porque afirman que los 9249 millones de pesos que allí se incluyen se van a poder distribuir de modo discrecional.

–Lo que siempre estuvo cuestionado era el artículo del Presupuesto que decía que todas las transferencias se hacían sin sujeción al artículo 37 de la ley de Administración Financiera. Eso significaba que el jefe de Gabinete podía cambiar la finalidad de los recursos, alterar el resultado del ejercicio y modificar la composición económica del gasto. Ese artículo no está en el Presupuesto 2006. Por lo tanto, el jefe de Gabinete no puede disponer libremente de esa partida. A lo sumo puede cambiarla, siempre y cuando no altere la finalidad, el resultado ni la composición económica.

¿Y los 9249 millones de pesos para qué son?

–No es una bolsa de plata con la que se puede hacer cualquier cosa. Ese dinero tiene una asignación específica. El 48 por ciento está destinado a cumplir con leyes especiales que dictó el Congreso. El 11 por ciento son recursos para la ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego en concepto de coparticipación. Se asignan a través de esa partida porque las dos jurisdicciones no están incluidas en la ley de Coparticipación. Un 7 por ciento son aportes a las provincias en cumplimiento de pactos firmados con la Nación durante la década del ‘90. Otro 6 por ciento son recursos reservados para cuando salga la ley de Financiamiento educativo que se envió al Congreso hace pocos días. Un 5 por ciento son aportes a empresas estatales, porque las empresas no forman parte del presupuesto, y un 4 por ciento son recursos destinados a gastos de personal en algunas dependencias estatales donde se vienen discutiendo nuevos convenios laborales, como el caso del INTI. Esos destinos explican más del 80 por ciento de los fondos. El resto tiene asignaciones similares. Es cierto que se puede tomar dinero de esa partida y transferirla a otro lado, pero se debe cumplir con el artículo 37 de la ley de Administración Financiera.

¿Al eliminar los “superpoderes” están reconociendo que se equivocaron al incluirlos antes?

–Hasta ahora llevamos movido por ese artículo el 1,25 por ciento del Presupuesto. En Argentina las condiciones de previsibilidad todavía no son las ideales y por eso se requería cierta elasticidad. Estoy convencido de que no son superpoderes porque esa palabra viene de la época de cuando Cavallo podía modificar impuestos, reducir aportes patronales y alterar el presupuesto. El alcance no es el mismo.

¿Y entonces por qué los sacaron?

–No los pusimos porque están fuertemente cuestionados. Pero eso no quiere decir que no sigamos dando el debate.

El superávit presupuestado este año fue menor a lo que se ahorró efectivamente porque en agosto se cumplió la meta anual. ¿Por qué se mantiene un superávit tan alto, e incluso se lo incrementa en los hechos, en un contexto donde aún persisten altos niveles de pobreza y desocupación?

–Todavía no está cumplida la meta anual. El problema es que el superávit se mide de dos formas: una expresada en pesos y otra en porcentaje del PIB. Para mí la que vale es la expresión en porcentaje porque si se producen variaciones en el Producto hay que responder con el superávit a esas variaciones. En términos de porcentaje todavía estamos abajo de lo presupuestado. La proyección para 2005 era de 3,2 para todo el sector público y hoy estamos en 2,8 por ciento. Creo que el superávit del sector público nacional este año no va a superar el 3,5 por ciento.

Mayor que el presupuestado.

–El sobrecumplimiento se observa recién cuando termina de ejecutar el Presupuesto, igual este año la suba no va a ser muy significativa en porcentaje. Creo que en un país cuya deuda pública asciende a cerca del 70 por ciento del PBI y donde recién se está volviendo al mercado de capitales, es imperioso tener un superávit que cubra la totalidad de los intereses y una mínima parte de las amortizaciones.

¿Ese superávit también es funcional con la estrategia de desendeudamiento de los organismos internacionales?

–Es uno de los objetivos.

¿Esa estrategia no conlleva un costo social demasiado alto?

–Hay economistas que nos critican por endeudarnos con el mercado al doble de tasa que la que ofrece el Fondo. Para nosotros sería mejor tomar deuda con el Fondo sin ningún tipo de condicionalidad, pero eso está lejos de ser así. El Fondo no está de acuerdo con nuestra política de sostener un dólar competitivo, ni con los mínimos que tenemos en el Impuesto a las Ganancias, pretende que sea más abarcativo y más bajo. Exige niveles de superávit bastante más altos y eliminación de algunos impuestos.

Sin embargo, el Presupuesto contempla la posibilidad de un acuerdo con el organismo.

–Se contempla un acuerdo en el cual el Fondo refinancia el 70 por ciento de las amortizaciones. Por lo tanto, está implícito el acuerdo con el Fondo y la continuidad de la política de desendeudamiento.

¿Cómo van a hacer para acordar con el Fondo si no aceptan las condicionalidades que usted menciona?

–Yo espero una negociación más abierta sin esas condicionalidades. Para nosotros el acuerdo es posible siempre que el costo que se tenga que pagar no afecte estructuralmente el programa económico.