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En el primer semestre, la pobreza y la indigencia volvieron a descender, ubicándose en niveles similares a los de octubre de 2001. Sin embargo, fue la menor caída de esos índices desde que comenzó la recuperación, a fines de 2002. Luego de tres años de crecimiento record del Producto, todavía hay 14,7 millones de pobres y 5,2 millones de indigentes. Las mejoras salariales dadas por decretos por el Gobierno, los aumentos surgidos de las negociaciones colectivas y la suba de las jubilaciones no tuvieron el impacto esperado en la recuperación de los indicadores. A su vez, el monto que reciben los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes es tan bajo que si no se otorgara el subsidio de 150 pesos la pobreza sería apenas un 0,9 por ciento más. Por si fuera poco, la elasticidad Empleo-Producto continúa disminuyendo, lo que significa que el crecimiento de la economía está generando cada vez menos puestos de trabajo. Frente a ese panorama, Cash solicitó a diez economistas de distintas vertientes ideológicas que detallaran qué medida implementarían para bajar los índices de pobreza e indigencia. Entre las propuestas mencionaron desde la universalización del Plan Jefes, de asignaciones a la niñez y de pensiones a la vejez hasta la baja del IVA a la canasta básica, la reducción de los costos laborales y la implementación de planes focalizados exclusivamente en los indigentes. Algunas opciones fueron formuladas como complemento o mejoras de los planes sociales existentes y otras como su reemplazo, pero ninguna contempla eliminar la red de contención social que hoy tienen los excluidos. Además, los especialistas coincidieron en que la situación es tan compleja que una sola medida no bastaría para salir de la pobreza. A continuación un detalle de las propuestas:

1. Asignación universal por hijo

Otorgar una asignación universal de 150 pesos para todos los niños menores de 18 años y una ayuda escolar de 130 pesos para los chicos de 6 a 18 años que estén dentro del sistema educativo. El primer universo de cobertura es de 13,7 millones de menores y el segundo es de 10,8 millones. Martín Hourest, economista de la CTA, detalló a Cash que “si se aplicasen los 150 pesos más los 130 pesos, la indigencia se reduciría al 1 por ciento de la población y la pobreza al 22,6 por ciento”. El costo neto total de ambas asignaciones es de 24.760 millones de pesos. Los recursos se podrían obtener de cuatro fuentes: 1) restitución de los aportes patronales, excepto para las medianas y grandes empresas, 2) reformulación del Impuesto a las Ganancias y del sistema de retenciones del sector petrolero y minero, 3) utilización efectiva del superávit financiero no asignado y no declarado en el presupuesto 2004 y 2005, y 4) incremento en términos fiscales a partir de la dinamización del proceso de consumo que genera la transferencia de los recursos enunciados. Hourest afirmó que esta medida serviría “para terminar con el desprecio actual hacia los pobres”.

2. Reducir el IVA a los productos de la canasta básica

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizó un estudio donde se evaluaron distintas alternativas de reducción del IVA en los productos de la canasta básica para lograr la mayor disminución de la pobreza al menor costo fiscal posible. En la actualidad, el 30 por ciento de la canasta tiene una carga de IVA del 21 por ciento, otro 50 por ciento tributa una alícuota de 10,5 por ciento y apenas el 20 por ciento está exenta. A partir de ese escenario se decidió calcular el impacto que tendría una reducción del IVA del 21 al 10, 5 por ciento en aceite mezcla, galletita, harina de trigo, pastas y arroz, unificando la alícuota en toda la cadena de producción a ese valor. Luego se decidió fijar en 10,5 las ventas intermedias de la cadena de producción de pan común y considerar la venta de pan como exenta. Miguel Braun, economista de Cippec, señaló a Cash que “con esta propuesta se lograría una reducción de 80 mil hogares pobres y el costo fiscal de la reforma estaría cerca de los 270 millones de pesos”. Además, agregó que este tipo de reformas se aplicaron en Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, España y Colombia.

3. Universalizar la pensión no contributiva a la vejez

La universalización de las pensiones no contributivas implica eliminar las restricciones al ingreso para que puedan percibir el beneficio todos los que estén en edad de jubilarse y no califiquen para acceder al sistema. Para ello se propone eliminar: 1) la limitación etaria, pues actualmente sólo pueden gestionar el beneficio los mayores de 70, pese a que la edad jubilatoria es previa, 2) la prohibición que establece que sólo un integrante del matrimonio puede gestionar la pensión aunque los dos cumplan con los requisitos, 3) la exigencia de 40 años de residencia para los inmigrantes, 4) los trámites que se exigen con la intención de certificar la condición de pobreza del interesado y de todos sus familiares. Luis Campos, investigador del Centro de Estudios Legales y Sociales, organismo impulsor de esta iniciativa, apuntó a Cash que a fines de 2004 sólo recibían el beneficio 62.820 personas, mientras que la universalización de la pensión beneficiaría a aproximadamente 1,5 millón de personas. Campos agregó que los recursos podrían obtenerse de la diferencia entre el superávit pautado inicialmente y el final, aunque aclaró que este tipo de medidas debe complementarse con una reforma del sistema tributario.

4. Incentivar la creación de empleo

Uno de los ejes centrales del plan para reducir la pobreza debe ser aumentar la cantidad de personas empleadas por familia. La propuesta es del economista Alfredo Eric Calcagno, quien señaló a Cash que “para lograrlo la economía debe crecer, pero no de cualquier manera, porque se puede crecer creando poco empleo como al principio de la convertibilidad”. Para evitar eso propone prestar especial atención al marco macroeconómico, en especial el tipo de cambio, nivel de salario y tasas de interés, para que crezcan sobre todo los sectores como la industria, la construcción y servicios modernos que “generan más empleo, y de mejor calidad”. Para el 2006, agrega Calcagno, se puede estimar una elasticidad Empleo-Producto de 0,7 por ciento. Con una hipótesis de crecimiento de 6 por ciento, significaría un empleo de 4,2 puntos, es decir, alrededor de 600.000 puestos de trabajo, que es cerca del doble del crecimiento normal de la población activa.

5. Reducir los costos laborales y mejorar el capital humano

Esta propuesta parte del supuesto de que para reducir la pobreza en el largo plazo es necesario potenciar la creación de empleo formal por cada punto que crezca la economía, pues la pobreza aparece asociada a la informalidad y a la baja calificación de la mano de obra. Por ello, también es necesario mejorar el capital humano de los trabajadores (educación) para que puedan acceder a salarios mejores. Para ello es necesario reducir los costos laborales de la economía. Daniel Artana, economista de Fiel, aseguró a Cash que “es necesario tener un esquema de regulación del trabajo que no castigue la generación de empleo. Es lógico que el empleo crezca poco en las actuales condiciones porque la regulación laboral, los altos impuestos al trabajo y la presión sindical desincentivan la contratación”. Artana también propone mejorar el diseño de los programas sociales para no desincentivar la participación en el mercado de trabajo y critica las propuestas de subsidio universal y rebajas en los impuestos a los alimentos de la canasta familiar porque “son beneficios generalizados que terminan subsidiando a sectores que no lo necesitan y restan dinero que podría ser destinado a los más pobres”.

6. Universalizar el Plan Jefes y aumentar salarios

Universalizar el Plan Jefes subiendo el monto a 350 pesos y disponer un aumento de salarios del 30 por ciento. La propuesta es de Claudio Katz, integrante del grupo Economistas de Izquierda, quien señaló a Cash que “las dos medidas se deben implementar al mismo tiempo para no generar desincentivos en el mercado de trabajo”. Para financiar los aumentos del Plan Jefes y de los salarios públicos propone utilizar el excedente del superávit fiscal y suspender los pagos de la deuda pública, condicionando los futuros pagos a una investigación sobre los orígenes del endeudamiento y a la evolución del plan para salir de la pobreza. Los aumentos salariales en el sector privado formal los deben afrontar los empresarios con las ganancias obtenidas hasta ahora, pero en el sector privado informal y de la pequeña y mediana industria los aumentos deben combinar un esfuerzo del sector público y del sector privado a través de una reforma impositiva. A su vez, Katz señala que esa reforma impositiva es la que va a permitir obtener recursos en el mediano plazo para sostener los aumentos.

7. Implementar una tarjeta alimentaria

La propuesta es centralizar el 90 por ciento de la política asistencial en una tarjeta alimentaria, con fuertes descuentos, mayores en los alimentos más nutritivos. El economista Juan Llach, impulsor de la iniciativa, sostuvo a Cash que esta medida permitiría mejorar la política asistencial, “despojándola de una vez por todas del clientelismo y centrándola en la asistencia alimentaria”. La propuesta toma como ejemplo el sistema de food stamps (vales de comida), que se implementa en Estados Unidos desde hace varias décadas y hoy llega a casi el 10 por ciento de la población. Llach aseguró que en Argentina los programas sociales insumen en la actualidad unos 8000 millones de pesos y que podría aumentarse esa cifra en unos 3000 millones “financiándolos con reducciones de muchos gastos superfluos y muy poco del superávit”. Además, agregó que para el largo plazo es clave sancionar el proyecto de ley de financiamiento educativo, con algunas mejoras para subrayar la prioridad de los más pobres.

8. Plan alimentario para chicos indigentes

Otorgar un subsidio de 40 pesos por mes para las familias de los 2,3 millones de chicos con deficiencias alimentarias en Argentina. Federico Sturzenegger, economista de la Universidad de Harvard, explicó a Cash que el subsidio debería ir dirigido a las madres a través de una tarjeta que permita comprar alimentos y elementos de higiene y salud únicamente en comercios constituidos legalmente. El universo de beneficiarios se podría identificar con métodos de estimación de ingreso indirecto, tomando en cuenta dónde viven, qué educación tienen y cuál es la composición familiar. Como contraparte del subsidio, se exigiría la educación y controles periódicos de la salud. Según el Grupo Sophia, el plan tiene un costo de 1104 millones de pesos por año y se financia en parte con los 769 millones del programa de seguridad alimentaria actualmente vigente. Además, Sturzenegger propone utilizar los 540 millones de pesos del Fonavi para erradicar las villas miseria existentes en el país, subsidiando con 100 pesos por mes a las familias que allí viven para que puedan alquilar en otros sitios. “Así se podría erradicar ese flagelo rápidamente, relocalizando los recursos de la clase media a los más necesitados”, sostuvo.

9. Garantizar ingreso mínimo para indigentes

Reemplazar el Programa Jefes por un programa de ingreso mínimo garantizado sin desincentivos al empleo formal. Si ese programa lograra transferir 150 pesos a toda familia indigente, la tasa de indigencia podría caer desde el 13,6 por ciento a menos del 9 y la brecha de la indigencia (lo que les falta a los indigentes en términos de ingreso para llegar a la línea de indigencia) se reduciría a la mitad. Además, el cociente de ingresos entre el decil más rico y el más pobre caería de 33 a 27. El costo fiscal sería de alrededor de 1000 millones de pesos, por encima de lo que se gasta hoy en el de Jefes. Leonardo Gasparini, economista del Cedlas (Universidad de La Plata), afirmó a Cash que “el cálculo surge de asignarles 150 pesos por mes a todos los jefes de familias indigentes que no reciben el Jefes o planes similares, anualizarlo y expandirlo al total del país”. Además agregó que “se trata de un programa bien focalizado, sin desincentivos al trabajo, con directo impacto en los más carenciados y con muy pocas filtraciones al resto de la población (como sería una rebaja del IVA a ciertos productos que todos consumimos)”.

10. Regularización dominial de la tierra y de vivienda pública

El acceso a la vivienda propia es una medida que puede contribuir a reducir la pobreza en el largo plazo. Así lo afirman Ernesto Schargrodsky (Universidad Torcuato Di Tella) y Sebastián Galiani (Universidad de San Andrés), quienes realizaron una investigación donde comparan las condiciones de vida de un grupo de familias de muy bajos recursos que obtuvo los títulos de propiedad de las parcelas que ocupan, respecto de un grupo totalmente comparable que vive en la misma área pero no accedió a los títulos de propiedad. Schargrodsky señaló a Cash que “pudimos comprobar que las familias con títulos han invertido y ahorrado más en la construcción de sus viviendas. Además, el tener un lugar garantizado para vivir les permite a los ocupantes depender menos de sus familiares extendidos y de sus hijos para su subsistencia en la vejez o en la adversidad”. Esta menor dependencia induce a que las familias con títulos tengan menos integrantes y, por lo tanto, los recursos humanos y materiales disponibles para cada niño son mayores. “La menor deserción y repitencia escolar, la mejor salud infantil y los menores embarazos adolescentes que hemos registrado ayudarán a los chicos criados en parcelas tituladas a alcanzar mejores ingresos laborales cuando se incorporen al mercado de trabajo”, destacó Schargrodsky.