El sistema de Coparticipación Federal de Impuestos nació de la necesidad del gobierno nacional de compensar la reducción en sus ingresos que generó la crisis del ‘30. Pero, por varios factores que no viene al caso tratar aquí, fue convirtiéndose, además, en un elemento del complejo sistema de políticas públicas dirigidas a atemperar los desequilibrios territoriales que son una marca registrada de la Argentina.

Esta faceta se hace explícita en la última Ley de Coparticipación de la etapa desarrollista –la Nº 20.221 del año 1973– que preveía el sobregiro de recursos a las provincias de menor desarrollo relativo y densidad poblacional, bajo la lógica de permitir que estados provinciales estructuralmente más débiles pudieran ofertar la misma canasta de bienes públicos que los estados de las áreas más ricas del país. Esta ley se sumaba a políticas de subsidios y protección arancelaria que viabilizaban las economías regionales, así como también a redes educativas, sociales y de salud, regímenes de poblamiento y de promoción territorial y sectorial, que preveían condiciones preferenciales para las áreas de mayor rezago relativo.

La ola neoliberal –abierta con la dictadura 1976/83– desmanteló muchos de los elementos de esta red de políticas; no fue el caso de la Coparticipación Federal. Su supervivencia generó que ante la desaparición de otros instrumentos se fuera transformando en el punto cardinal de la relación Nación-Provincias de la periferia. Y, como elemento que faltaba alinear con el sistema neoliberal, que estuviera continuamente en la agenda de reformas pendientes para llegar con el ajuste a todo el país.

Podría decirse que el primer elemento pesó más que el segundo, pues los múltiples proyectos con tono de ajuste patrocinados por los organismos multilaterales de crédito y los economistas del establishment fueron vetados por una alianza transpartidaria y transregional de provincias pobres y despobladas que, potencialmente, aglutinaba entre 15 y 19 de las 24 jurisdicciones.

Tan notoria fue la preeminencia de esta alianza provincial que el sistema que siguió a la caducidad de la ley Nº 20.221 –la ley Nº 23.548 del año 1988– no sólo no se alineó con las políticas neoliberales, sino que inclusive incrementó el sobregiro a varias jurisdicciones de la periferia. Pero en lugar de las políticas explícitas de asistencia a la periferia, esta ley fue producto de un acuerdo político que generó ganadores y perdedores según el poder de negociación que cada provincia tuvo en el momento de su aprobación. El sistema resultante, entonces, pasó a ser no sólo obsoleto sino también asimétrico aun entre las provincias pobres.

Con la caída de la convertibilidad surge, por ahora tímidamente, una especie de revisionismo en el federalismo fiscal, que ya no discute “cómo se profundiza el ajuste”, sino que piensa en “cómo asignar los excedentes fiscales”. En este aspecto, antes que una nueva Ley de Coparticipación Federal resulta prioritario recrear algún tipo de red de políticas de fomento regional que permitan superar las profundas asimetrías en el nivel de desarrollo del territorio nacional.

De esta forma se sacaría presión sobre la Coparticipación y se podría pensar en nueva ley que supere las evidentes distorsiones que hoy se observan en el ámbito del federalismo fiscal.

* Investigadora Universidad Quilmes.
** Investigador del CIAP-FCE/UBA.