Dos acontecimientos de la última semana revelan un clima de cambio de época que, a veces, es difícil de percibir en el torbellino diario. Ese diferente estado de las cosas se manifiesta en temas antes ignorados que hoy concentra el debate político y en las preocupaciones que emergen de la sociedad. Esto implica, en especial, observar que el actual proceso político-económico no es igual al anterior, aunque no sea todo lo que se aspire para construir un país con un horizonte más lejano y previsible que las próximas elecciones. El tema salarial y la negociación en el Congreso por la creación de la nueva empresa estatal de aguas reflejan ese cambio. Puede ser que este ciclo no sea el de las grandes transformaciones e incluso que el Gobierno esté perdiendo una oportunidad extraordinaria para avanzar aún más de lo que insinúa. Pero es indudable que pocos años atrás era impensable que la presión de la oposición en el Congreso –convalidada luego por el oficialismo– haya sido la de establecer la restricción a la venta de las acciones de la compañía estatal de agua. En caso de querer ser privatizada, esa iniciativa deberá pasar por el Congreso. Lo que ha cambiado es que el discurso y la acción del rol preponderante del Estado en la economía ha vuelto a primer lugar, desplazando a un cómodo rincón esa idea de que el sector privado puede manejar un servicio público esencial para la población como el agua. Es probable, como se mencionó, que se podía haber hecho mejor, por ejemplo el esquema de estatización (sociedad anónima en lugar de sociedad del Estado). Pero lo particular de este momento es que existe un clima de cambio de época, que lo que se discute es cómo el Estado tiene que administrar e intervenir, no ya que deba desaparecer del terreno económico.

El otro caso que expone la existencia de un escenario distinto queda en evidencia cuando se observa que en la mesa de la negociación salarial ha vuelto a ocupar su lugar el trabajador. Aunque esto parezca una obviedad, el trabajador había perdido su espacio en la discusión porque la mayoría de los tradicionales dirigentes sindicales se dedicó a sus propios negocios y porque la tendencia predominante en los noventa era que constituían un factor descartable, al que se lo podía flexibilizar y bajar los salarios. El regreso de la CGT en la discusión sobre los ingresos (impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, asignaciones familiares, salario mínimo y jubilaciones) implica un volver al sendero, luego del desvío de los capos sindicales de entonces que prefirieron ocuparse de otros menesteres, como participar en las privatizadas, además de avalar las normas de flexibilización laboral, el retroceso de los salarios y la reducción de la plantilla de personal.

Así se empiezan a balancear los platillos, generando las condiciones para empezar a debatir un proyecto de país. Antes, cuando había diversos cotos de caza para hacer negocios, despreciando conquistas históricas de los trabajadores, como así también liquidando el capital social acumulado de generaciones a favor de amigos del poder, no había condiciones ni siquiera para pensar la forma de construir un sociedad integrada y con posibilidades de movilidad ascendente. Al menos ahora se puede empezar a debatir con cierta normalidad, como hicieron y hacen los países medianamente desarrollados, más o menos estables, en base a equilibrios entre los principales actores –empresas, gremios y Estado–, ocupando cada uno el lugar que le corresponde. Ahora bien: cada uno tendrá que recuperar esa gimnasia de volver al cauce, con el interrogante abierto de si abandonarán viejos comportamientos que provocaron el desbarranco posterior. En caso de que la respuesta a esa duda sea negativa se volverán a reiterar esos vicios y costumbres que derivaron en la decadencia. Al respecto, es muy válida la observación que apunta a que los actuales protagonistas no pueden –por su pasado o porque no tienen la vocación– avanzar en transformaciones más allá de la normalización de situaciones que habían sido deformadas.

Señales en ese sentido se registraron en esos dos acontecimientos mencionados. Con la empresa de aguas estatal, resulta débil el argumento de que se garantiza el funcionamiento de una compañía sensible –política y socialmente– entregando el manejo al ex director de Aguas Argentinas, Carlos Ben, y al líder del sindicato de obras sanitarias, José Luis Lingeri. Se trata de una apuesta a que la gente puede cambiar o la reiteración, con otro discurso, de la triste experiencia del copamiento de una empresa estatal por los mismos de siempre. Por otro lado, además de la elección controvertida de la figura de sociedad anónima para Agua y Saneamientos Argentinos, aún no se definió quién y cómo ejercerá el control sobre el funcionamiento de la empresa al quedar fuera del campo de juego el Etoss. Y no es un tema menor –aún no resuelto– si se brinda una silla o se sigue ignorando a las asociaciones de consumidores para integrar el directorio o un ente de supervisión de la compañía.

Respecto de la discusión salarial, más allá de la discutible figura de Hugo Moyano y del resto de los viejos dirigentes gremiales, el Gobierno no ha precisado por qué piensa que los aumentos tienen que oscilar en una banda del 16 al 19 por ciento. Una lectura probable es que así se recuperan algunos puntos sobre la inflación sin desbordes. También que se acota la puja para evitar expectativas inflacionarias. Pero de ese modo el salario quedó atrapado en una lógica de relaciones de poder que lo tiene como actor subordinado a un objetivo principal. Para el Gobierno, la inflación; para el sector empresario, la preservación de abultadas ganancias. Las cámaras que representan a empresas levantan la bandera de la productividad, una de las obsesiones del ex ministro Roberto Lavagna, argumento técnico que, en realidad, es una estrategia para frenar los reclamos de recomposición de los ingresos de los trabajadores. Si la economía estuviera en un situación de equilibrio esa cuestión debería ser motivo de debate. Pero ése no es el caso. Así lo destacó un informe del mercado de trabajo, de principios de marzo pasado, del Estudio Bein y Asoc., al precisar que, tomando como base 1998, el año pasado los salarios reales se ubicaron 14 por ciento por debajo de la productividad. “Esa diferencia es sensiblemente mayor cuando se analiza la evolución del salario costo, indicador que toma como deflactor de los salarios la evolución del Indice de Precios al por Mayor”, aclaran. En ese caso, el rezago se amplía al 43 por ciento.

El clima de cambio de época hay que ayudar a consolidarlo, porque si no se corre el riesgo de que regresen las conocidas nubes negras.